La crisis que atraviesa la cúpula de la Policía Nacional se agrava. Tras la imputación del que fuera director adjunto operativo, José Ángel González, en una causa que investiga una presunta agresión sexual en un juzgado de Madrid, un comisario prepara ahora una denuncia contra él por supuestos delitos de coacciones, amenazas y abuso de autoridad. El mando, actualmente de baja médica, sostiene que fue forzado a abandonar su destino después de advertir del aumento de la delincuencia asociada a la inmigración ilegal en uno de los municipios más poblados de la Comunidad de Madrid.
Según la información publicada por The Objective, el comisario —que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias— formalizará en los próximos días su denuncia. Su versión describe un escenario de creciente presión interna tras elevar informes en los que alertaba del deterioro de la seguridad en su demarcación.
Nombrado jefe de una Comisaría Local en 2023, asegura que a su llegada detectó tres focos perfectamente delimitados en los que se concentraban centenares de ilegales, en su mayoría magrebíes e iberoamericanos, que ocupaban edificios completos. En total, alrededor de 800 viviendas habrían sido okupadas en distintos inmuebles, algunos de titularidad municipal y otros pertenecientes a promociones privadas pendientes de entrega. Siempre según su relato, el Ayuntamiento no facilitó los desalojos y llegó a proporcionar suministros básicos a los inmuebles ocupados con cargo a fondos públicos.
El efecto, sostiene, fue inmediato. La localidad comenzó a recibir personas procedentes de otras ciudades, incluidas algunas con antecedentes policiales. El comisario afirma que los robos con violencia, el tráfico de drogas y otros delitos contra el patrimonio crecieron de forma notable tras consolidarse esos asentamientos. Elaboró varios informes detallando la evolución de la criminalidad y las limitaciones operativas con las que se encontraba. A comienzos de 2024 remitió la documentación a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, sin obtener respuesta.
En septiembre, en un clima de tensión creciente, se celebró una Junta Local de Seguridad presidida por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, junto al jefe superior de Policía de Madrid, Manuel Soto. Tras la reunión se anunció un Plan de Seguridad específico para el municipio. Sin embargo, según las fuentes citadas por el citado medio, el plan no llegó a desplegarse de forma efectiva.
De acuerdo con el relato del comisario, el malestar del alcalde socialista con su gestión fue trasladado a instancias superiores. El denunciante sostiene que esa incomodidad llegó hasta el entonces director adjunto operativo. Poco después, asegura, recibió la comunicación de que sería relevado de su puesto. Según su versión, se le indicó que desde el PSOE se habían quejado de su actuación y que debía adoptarse una solución para frenar esa situación.
La alternativa planteada fue su designación para un puesto de coordinación en Madrid, destino reservado habitualmente a comisarios principales. El mando interpreta esa propuesta como un desplazamiento encubierto para apartarlo del foco del conflicto. Rechazó el ofrecimiento y recordó que ya había sido objeto de un traslado anterior que mantenía recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Según el escrito al que ha tenido acceso el citado medio, la respuesta del entonces DAO fue despectiva y dejó claro que debía abandonar su destino por exigencia política.
La salida de González tras conocerse su imputación ha sacudido el equilibrio interno en la Policía Nacional. En conversaciones entre mandos, adelantadas por El Mundo, se percibe inquietud ante la posibilidad de que afloren episodios hasta ahora silenciados. El comisario que prepara la denuncia admite que no actuó antes por miedo a las consecuencias profesionales. Su baja médica llegó después de encadenar el relevo forzoso, la pérdida de expectativas de promoción y el aislamiento dentro del cuerpo.
Mandos consultados apuntan a una percepción extendida de desprotección cuando las quejas afectan a la cúpula. La imputación del ex DAO ha alterado ese clima. La eventual denuncia por coacciones podría no ser un caso aislado y abrir un periodo de revisión interna sobre decisiones que, según estas fuentes, habrían estado condicionadas por criterios políticos más que estrictamente profesionales.
