El fugado expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, empieza a prepararse para ser formalmente acusado de terrorismo y enfrentarse a una causa en el Tribunal Supremo por los hechos que se le imputan en relación a Tsunami Democrátic, organización independentistas responsable de los violentos actos durante el golpe de Estado de 2017.
Según el medio El Confidencial fuentes del entorno de Puigdemont, el criterio mayoritario de los fiscales de penal del Supremo ha acabado por convencer al líder de Junts de que el inicio de una nueva causa en su contra está cerca. Esa casi certeza ha tenido dos efectos: por un lado reforzar su convicción de que la ley de amnistía del PSOE no le brinda la protección suficiente con su actual redacción. Por otro lado, sus abogados ya estudian cómo responder a una acusación de terrorismo.
Según la misma información, la tesis del equipo jurídico es que el centro de la batalla legal se encontrará en Europa. Intentarán rechazar la acusación con resoluciones anteriores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, pondrán en duda la competencia del Tribunal Supremo para juzgarlo, insistiendo en que debe encargarse el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ya que los hechos presuntamente terroristas ocurrieron en esa región.
Sin embargo, la Eurocámara pidió este jueves que se investiguen los lazos de Puigdemont con Rusia y que esa investigación tenga lugar en España. Por otro lado, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, elegido por el Gobierno, anunciaba también en la tarde del jueves que su intención es «respetar» el criterio que marque la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, que es su mano derecha y quien debe resolver si se puede investigar por terrorismo a los sospechosos como el expresidente y el diputado de ERC, Rubén Wagensberg. Una situación cada vez más enrevesada en la que Europa jugará un papel fundamental.
