Explica que su formación “saluda” que las instituciones catalanas “faciliten el referéndum”, porque se trata de una “movilización ciudadana”.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, cree que las instituciones catalanas «tienen que facilitar por todos los medios» que una «movilización política legítima» como es, a su juicio, el referéndum que pretende llevar a cabo la Generalitat de Cataluña el 1 de octubre, se pueda producir «con la mayor normalidad».
 
Iglesias se ha pronunciado así este martes, un día después de que la alcaldesa de Barcelona, la podemita Ada Colau, afirmara que desde el Ayuntamiento de la Ciudad Condal se podrán todas las facilidades para que los ciudadanos puedan participar en la consulta independentista, «sea lo que sea, una movilización o un referéndum efectivo».
«Pensamos que el 1 de octubre es una movilización política legítima y, por tanto, las movilizaciones políticas se tienen que poder producir con la mayor normalidad y, lógicamente, a nuestro juicio las instituciones tienen que facilitar por todos los medios que una movilización política se pueda producir», ha defendido el podemita en declaraciones a los medios en el Congreso.
También ha considerado «enormemente sensata» la decisión de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de no organizar un homenaje concreto al concejal Miguel Ángel Blanco, y ha apelado a trabajar para que «no haya víctimas de primera y de segunda clase». Hay que recordar que tanto su formación como el PSOE han rechazado rendir homenaje al concejal del PP asesinado hace 20 años.

El TSJC sigue con su investigación por las urnas

Este martes también es noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado mantener abierta su investigación por la licitación de urnas convocada por el Gobierno catalán, ante los indicios de que no es un hecho «aislado», sino vinculado al referéndum y orientado «a infringir el mandato del Constitucional».
En un auto, la sala civil y penal del TSJC ha desestimado así el recurso que la defensa de la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y su ex número dos Francesc Esteve presentaron contra la admisión a trámite de la querella que les interpuso la Fiscalía por convocar un acuerdo marco para la compra de urnas, que posteriormente fue declarado desierto.

Puigdemont estudia nombrar un ‘conseller’ del referéndum

Por su parte, la consellera de Presidencia, Neus Munté, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán no ha descartado la posibilidad de que se concentre en un conseller la organización del referéndum seperatista anunciado para el próximo 1 de octubre.
Se ha pronunciado así preguntada por una información del diario Ara según la cual el Govern está estudiando la posibilidad de que un miembro sea el «conseller del referéndum», asumiendo el papel organizador del 1-O, para limar así roces en el Consell Executiu.
Munté ha evitado valorar la información, sin desmentirla, y ha recordado que «a fecha de hoy» los coordinadores del referéndum del referendo son el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el ‘ministro’ de Asuntos Exteriores, Raül Romeva.
Ha subrayado que los cambios en el ejecutivo autonómico son «competencia única y exclusiva del presidente de la Generalitat», por lo que, «si esto es así y se produce, seguro que dará cuenta» el mismo Carles Puigdemont, que precisamente este miércoles comparecerá en el Parlament para explicar los nombramientos de Santi Vila como conseller de Empresa, en sustitución de Jordi Baiget, y de Lluís Puig como titular de Cultura.
Por otra parte, la portavoz del Govern ha reiterado que ni los funcionarios ni el resto de los trabajadores públicos se verán en «dificultades» por las «decisiones políticas» que adopte el Ejecutivo catalán en relación al referéndum.
Lo ha dicho porque el Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña ha lanzado un comunicado sobre la consulta en el que destaca que la actuación profesional de sus miembros se rige por el cumplimiento del principio de legalidad y recuerda que debe ser fiel «al espíritu y al texto de la Constitución».
«Como Govern ratificamos nuestra voluntad de que ningún trabajador público ni funcionario va a verse en una situación de dificultad por una decisión que es política», ha recalcado Munté.
Además, ha pedido «tranquilidad y serenidad» a estos colectivos y ha manifestado que es el Gobierno del Estado quien «amenaza y advierte por carta de los riesgos» de la consulta, en un gesto que Munté achaca a la «incapacidad de dar respuesta de forma coherente y madura» por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
La portavoz del Govern se ha referido a la misiva recibida por los 1.500 funcionarios de las 993 entidades locales de Cataluña en la que el Gobierno les insta a no colaborar con la organización del referéndum secesionista y les pide que velen por el adecuado destino de los fondos públicos.

Cinco leyes en 18 meses

Otro de los asuntos de la jornada es que en los 18 meses que lleva de mandato Carles Puigdemont «sólo ha aprobado 5 de las 45 leyes que había anunciado». Así lo ha criticado la diputada de Catalunya Sí Que Es Pot Marta Ribas.
«Tenemos un Govern que habla y no hace y que ni siquiera es capaz de revertir el recorte de la renta mínima que hizo el gobierno de Artur Mas», ha denunciado.
 
 
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