Carles Puigdemont ha dejado su cargo como eurodiputado para convertirse en diputado del Parlamento de Cataluña y ha perdido su inmunidad. Los diputados electos deben presentar la credencial emitida por la Junta Electoral, un documento que promete o jura respetar la Constitución y el Estatuto, una declaración de sus actividades profesionales, laborales o empresariales y de los cargos públicos que ejercen, además de una declaración detallada de sus bienes. A diferencia del Congreso, pueden realizar este trámite personalmente o delegarlo, lo que permitió a Puigdemont convertirse en diputado sin estar presente en Cataluña.
Sin embargo, al dejar de ser eurodiputado, Puigdemont ha perdido la inmunidad que ese cargo le otorgaba, la cual es superior a la del Parlamento de Cataluña, que sólo protege a los diputados de ser detenidos salvo en caso de delito flagrante. Ahora, la Justicia no necesita un suplicatorio previo para iniciar una investigación contra él.
Esto es significativo porque, aunque el Parlamento Europeo había autorizado un suplicatorio para que Puigdemont fuera juzgado por el 1 de octubre, el Tribunal Supremo estaba limitado en la causa por terrorismo relacionada con su implicación en Tsunami Democràtic. El Supremo necesitaba pedir un nuevo suplicatorio a la Eurocámara para dictar una orden de detención o tomar otras medidas cautelares contra él.
Sin la inmunidad de eurodiputado, el Supremo puede retomar la causa contra Puigdemont. Todo esto se desarrolla en el contexto de la ley de amnistía y las dudas sobre su aplicación. Además, el 25 de junio es la fecha límite para convocar la primera sesión de investidura, y aún no se sabe si el candidato será Puigdemont o el socialista Salvador Illa. Parece que Puigdemont no tiene prisa y podría permitir que Illa sea el primero en intentar la investidura, según cuenta El Debate.
