El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió este martes un revés aparente en el Congreso de los Diputados. Junts tumbó la ley de amnistía, paralizando así la legislatura y dejándola en el aire por no aceptar el PSOE —ayer— un blindaje total a Carles Puigdemont ante la acción de los jueces, es decir una inmunidad a la carta ante la ley.
El líder socialista hace de la debilidad parlamentaria virtud. Decidió jugar la carta de plantarse para salvar la cara ante Bruselas, que escruta punto por punto la cesión a cambio de su permanencia en La Moncloa. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes —y padre de esta ley como de tantas otras—, Félix Bolaños, visita este miércoles al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que mediará por primera vez entre el Ejecutivo y el Partido Popular para hacer como que desatascan en Bruselas y no en Madrid la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Trás el aparente contratiempo propiciado por Junts, Bolaños podrá defender ante el comisario de Justicia que el Gobierno no ha cruzado «ninguna línea roja«: amnistiar todo el terrorismo bueno y el malo, además de los delitos de traición, contra la paz y la independencia del Estado, como exige Junts para garantizar la vuelta con honores de Puigdemont a España. Miembros del Gobierno alertan de que ese paso hubiera supuesto no superar la prueba del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Tiempo ganado
El tiempo ganado (perdido en apariencia) dependerá de los intereses del PSOE. La ley de amnistía regresa a la Comisión de Justicia, donde los de Sánchez y los de Puigdemont seguirán negociando, como máximo, un mes. En ese plazo, los separatistas emplazan a los socialistas a encontrar la manera de tapar los «agujeros» en la ley por los que «la Justicia prevaricadora puede dejar la amnistía en papel mojado», en referencia a los movimientos de dos jueces (Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, y Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona) que investigan al expresidente de la Generalidad por terrorismo y traición.
El juez del caso Volhov considera que Carles Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron «estrechas relaciones personales» con el Gobierno ruso de Vladímir Putin, un asunto que «internacionaliza el conflicto», porque —éste sí— preocupa a los dirigentes comunitarios. Ese es otro de los motivos por los que Sánchez no podía presentar a su ministro Bolaños en Bruselas con la marca de haber decretado el perdón general para Puigdemont.
Durante las próximas semanas, hasta que se concrete la tramitación en el Congreso de la amnistía, el PSOE insistirá con su argumentario. Los socialistas se afanan en explicar que su sumisión a Puigdemont no es tal y que sí tienen líneas rojas, aunque Sánchez sabe que su única opción es aceptar las exigencias de Puigdemont, ya que buena parte de sus proyectos de ley deberán contar con el visto bueno de Waterloo.
Galicia en el horizonte
En el Gobierno, en cualquier caso, consideran que la ley de amnistía terminará saliendo adelante. «La ley entró impecable y constitucional y así saldrá», zanjó Bolaños, que también destacó la «solidez» técnica de la norma. La respuesta de Puigdemont no se hizo esperar: «No nos vamos a mover del compromiso de incluir a todo el mundo», publicó.
El eje Moncloa-Ferraz prepara ya las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, las primeras desde que el presidente mostró su voluntad de amnistiar a los independentistas catalanes con tal de permanecer habitando el palacio. Serán la primera prueba para calibrar el daño que el pago está provocando entre la base electoral del PSOE, si es que existe tal daño.
