En las elecciones generales de este domingo está en juego el mantenimiento o no del gasto político innecesario mientras miles de familias no llegan a final de mes, los jóvenes no pueden adquirir una vivienda ni formar una familia y los autónomos alertan de la «inasumible» subida de gastos.
Los gobiernos de coalición entre PP y VOX ya están demostrando que sí se pueden eliminar estas partidas. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se ha reducido de doce a diez el número de consejerías y se van a adelgazar las estructuras internas. Así, el número de secretarías autonómicas y de subsecretarías pasará de 55 a 46, una media que junto a la rebaja de consejeros provocará un ahorro de casi tres millones de euros en la legislatura.
En el Ayuntamiento de Burgos (también conformado por PP y VOX) se redujeron a la mitad las concejalías (de 39 a 20) y se bajó de once a nueve los miembros en las comisiones, una decisión que supondrá un ahorro de 400.000 euros. Asimismo se han suprimido 40.000 euros en subvenciones para proyectos de memoria histórica que el PP sí otorgaba cuando gobernaba en solitario. En Castilla y León la eliminación de subvenciones del Gobierno regional a UGT y CCOO ha obligado a los sindicatos a reducir sus plantillas y ha motivado los ataques e insultos a VOX por parte de Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO).
El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha elogiado en numerosas ocasiones al sindicato UGT y se ha comprometido a mantener sus partidas. También los de la Agenda 2030, plan al que el eurodiputado popular José Manuel García-Margallo llama «el evangelio». «La política española debe volver a la serenidad y al acuerdo. Es más necesario que nunca un diálogo social realista», afirmó Feijoo en octubre del año pasado.
En su programa electoral, VOX se compromete a auditar y eliminar todo el gasto público relacionado con la Agenda 2030 y a acabar con las subvenciones a los sindicatos, partidos políticos y patronal. «Estas organizaciones deben sostenerse con la financiación de sus integrantes. Como paso previo, consultaremos al pueblo español sobre su voluntad de eliminar estas subvenciones en aplicación del artículo 92 de la Constitución», recoge la formación liderada por Santiago Abascal. Asimismo, el partido quiere cerrar todos «los chiringuitos públicos ideológicos LGTBI, de memoria histórica, ecologistas radicales, separatistas o vinculados a la implementación de la Agenda 2030″ y pondrá fin a las subvenciones y ayudas cuando se trate de entidades privadas.
