Educar en el odio a España dentro de España es uno de los grandes logros que las distintas leyes han consolidado en los últimos 40 años. La persecución de la historia y el idioma común no es que hayan sido una excepción, sino uno de los ejes vertebradores de un sistema educativo, no ya descentralizado, sino esencialmente disgregador. 17 planes de estudio con 17 historias de España y 17 exámenes de acceso a la universidad diferentes han erosionado la cohesión social y el sentido de pertenencia a la nación.
Ese proyecto común al que llamamos España no es incompatible con su diversidad cultural que, por otro lado, no es un rasgo exclusivo español por mucho que el mito fabricado por la historiografía anglosajona del Spain is different (guerracivilista, nación de naciones, pueblo anárquico…) haya calado hasta el hartazgo. Al contrario, los distintos separatismos han utilizado la pluralidad como un misil contra la unidad España. Por supuesto, no sin ayuda.
La evolución de las leyes educativas aprobadas por el PSOE desde la LODE (1985) o la LOGSE (1990) hasta la actual LOMLOE han apuntalado el arrinconamiento del español. Claro que la naturaleza del sistema español —con las competencias transferidas a las comunidades autónomas— ha ayudado al avance de las lenguas cooficiales en detrimento de la común. Y ahí, aunque hay quienes traten de ocultarlo, los socialistas no están solos. La cesión de las aulas a Cataluña refrendada por Aznar en el pacto del Majestic en 1996 es el paradigma del modelo que ha provocado el ensanchamiento de la ventana de Overton: donde antes no cabía el separatismo por ser una opción inaceptable ahora es todo un logro constitucionalista que la Justicia obligue a un pírrico 25% de materias en español en la escuela.
Un dato que oculta el Gobierno y el separatismo catalán es que los alumnos procedentes de familias humildes obtienen peores notas, entre otras cosas, porque en regiones como Cataluña no les ofrecen clases en su lengua materna, el español, sino que les obligan a la inmersión lingüística.
Precisamente esta fue la guerra de David contra Goliat que unos padres de Canet de Mar declararon a la Generalidad catalana por negarle a su hijo el derecho a recibir en español el porcentaje de asignaturas que establece la ley. El episodio refleja la desaparición del idioma de la vida pública en regiones como Galicia (PP), País Vasco (PNV), Cataluña (CIU, ERC…), Baleares (PSOE y PP) y Valencia (PSOE y PP), aunque estas dos últimas han corregido el rumbo por el reciente acuerdo entre PP y VOX tras las últimas elecciones regionales.
Sin embargo, la defensa del español no debería ser el acuerdo o pacto de gobierno entre partidos, sino de obligado cumplimiento como recoge el artículo 3 de la Constitución: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos». Es evidente que, en este punto, la Constitución es papel mojado.
Si el separatismo ha convertido la educación en la correa de transmisión de su ideología ha tenido, desde luego, espejo al que mirarse. El PSOE lleva 40 años utilizando las aulas como laboratorio para moldear la sociedad a su antojo. Todas las leyes educativas aprobadas desde el primer felipismo han impulsado un cambio social y cultural basado en la aniquilación de la meritocracia y la autoridad del profesor, la transformación del alumno en cliente —por tanto, siempre lleva la razón—, la sustitución de la exigencia por el aprobado general y, en definitiva, en el fin de la escuela como templo del saber donde se imparten materias y conceptos para convertirse en difusora de contenidos acientíficos como la ideología de género o sexuales a niños de seis años.
Por supuesto, la propaganda también ha desempeñado un papel esencial en la consolidación de la educación como una herramienta al servicio de la ideología. Uno de los mantras más extendidos es el de la educación de calidad. El último plan educativo, la ley Celaá, permite el aprobado general, un obstáculo para los alumnos procedentes de familias más humildes, pues igualando a todos en la mediocridad se elimina el ascensor social, la única posibilidad que los españoles con menor renta tienen para prosperar. Un sistema educativo que permite pasar de curso con varias asignaturas suspensas o presentarse al examen de selectividad con una sin aprobar es, además de perjudicial para el alumno que se esfuerza, lo contrario de un sistema que prime la calidad.
Asimismo, la ley Celaá ataca la educación concertada, pues ha sido la fórmula que ha garantizado el pluralismo educativo durante décadas, es decir, un obstáculo —mayor o menor, según el grado de permeabilidad del centro— para imponer la agenda izquierdista basada en el feminismo, los postulados LGTBI y la ideología de género. Cualquier intermediario entre el Estado y el ciudadano debe ser eliminado.
Otra de las leyes aprobadas durante la anterior legislatura ha sido la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, eufemismo que esconde el ataque a la libertad de los padres para educar a sus hijos en función de sus valores. La norma incluye en su artículo 4 el siguiente apartado: «Promoción de la igualdad de trato de niños y niñas mediante la coeducación y el fomento de la enseñanza en equidad, y la deconstrucción de los roles y estereotipos de género».
Leyes así jamás se hubieran aprobado sin la imposición previa del rodillo ideológico progre en las escuelas, lo que suscita una reflexión final: ningún cambio cultural será posible sin derogar el modelo educativo vigente que pasa, esencialmente, por expulsar a los activistas de las aulas, restaurar la meritocracia y el esfuerzo como pilares del sistema y garantizar la enseñanza en español como derecho fundamental.
