En las elecciones generales de este domingo está en juego la unidad de España tras décadas con los partidos separatistas (catalanes, vascos, gallegos…) dirigiendo —y condicionando— la política nacional, y una última legislatura en la que los herederos de la banda terrorista ETA, que se niegan a colaborar para esclarecer los más de 300 asesinatos que siguen sin ser resueltos, han sido incluidos en la dirección del Estado.
El PP reivindica un «catalanismo constitucionalista» para «recuperar la cordialidad en Cataluña» y defiende a ultranza el Estado de las Autonomías —el propio Feijoo le ha ofrecido un pacto al PSOE para fortalecerlo—; titubea sobre el mantenimiento o no de la mesa de diálogo con el secesionismo; coquetea con la «España plurinacional» —«nosotros (Galicia) tenemos ‘muchos elementos’ para considerarnos «nación sin Estado«, Feijoo dixit; y se ha abierto además a acuerdos con el PNV: «Las relaciones del PP con el PNV son buenas, siempre han sido buenas y han sido leales [con el PP de Feijoo]», afirmó el coordinador general popular, Elías Bendodo, en una reciente entrevista.
En Génova podrían contar en una investidura con el respaldo del PDeCAT-EspaiCiU, cuyo candidato por Barcelona, Roger Montañola, ha mostrado su disposición a negociar con Alberto Núñez Feijoo siempre y cuando no pacte con VOX. El partido, antes en Junts, es heredero de la antigua Convergencia y está a favor de una «propuesta realista, pactada y ordenada que permita un referéndum».
En el PSOE, por su parte, aspiran a otro Ejecutivo Frankenstein en un nuevo mandato con Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz. Para ese escenario serían imprescindibles ERC y Bildu, fuerzas antiespañolas que anhelan referéndums de independencia ilegales en los próximos cuatros años… y que ya se han visto beneficiadas por los acuerdos con un Sánchez que impuso el fin de la dispersión de terroristas etarras, aprobó el indulto a los golpistas catalanes, derogó el delito de sedición e impuso la cesión de nuevas competencias (prisiones, tráfico…) al País Vasco a cambio de seguir en La Moncloa.
Frente al bipartidismo que pacta con fuerzas nacionalistas/secesionistas está VOX, que aboga por promover un «Estado unitario administrativamente descentralizado que sea capaz de promover la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles independientemente del lugar en el que residan; propone la devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia; y limitar la capacidad legislativa autonómica «para terminar con 17 sistemas normativos distintos» y garantizar la igualdad y los derechos de todos los españoles. En este sentido, promete suprimir todos los privilegios legales y fiscales amparados en supuestos «derechos históricos» que provocan la desigualdad entre territorios, y las leyes —amparadas por PSOE y PP— que consagran «la asimetría penal y la desigualdad entre hombres y mujeres, y atentan contra los pilares básicos del Estado de derecho».
La formación liderada por Santiago Abascal recuerda que España es una realidad que «trasciende a los españoles de una determinada época y lugar; es una herencia recibida que se debe cuidar y mejorar para legarla a las próximas generaciones». «Nuestra patria es la garantía de los derechos y la igualdad, especialmente de los más vulnerables. Por ello promete reintroducir los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición y malversación de caudales públicos, «aumentando las penas conforme al principio de proporcionalidad al ser graves delitos contra España, su unidad, su soberanía y el patrimonio de todos los españoles».
VOX, que en sus estatutos recoge la prohibición de pactos con partidos separatistas, apuesta por preguntar a los españoles en virtud del artículo 92 de la Constitución, que permite la consulta «sobre decisiones políticas de especial transcendencia», si se debe ilegalizar a las formaciones que pretenden la separación de determinadas regiones y que para ello utilizan cualquier medio a su alcance, rozando la ilegalidad o desobedeciendo expresamente la Carta Magna y los mandatos judiciales. Sería la manera, añade VOX, de garantizar la cohesión nacional frente a quienes «aspiran a destruir la soberanía nacional y, por tanto, la ley y la convivencia».
