La decadencia del sistema laboral europeo es una realidad incuestionable de la que recientemente se hacía eco el Wall Street Journal, uno de los periódicos con mayor reputación en el campo económico. El medio estadounidense narraba en uno de sus reportajes la autocondena de los europeos al empobrecimiento, destacando la evolución salarial decreciente en países como España.
Los salarios han sido una de las principales víctimas de un sistema productivo y laboral que parece hacer aguas si se compara con el de otros países. En los últimos cuatro años se ha registrado un decrecimiento del sueldo medio real de alrededor de un 3,5% que traza un fuerte contraste con respecto a casos como el de Estados Unidos donde han duplicado al alza esta misma cifra.
La situación es aún más grave si se analizan los niveles de empleo. Según datos de la OCDE, España lidera la lista de países con más paro (12,7%) de la organización. La legislatura de Pedro Sánchez ha terminado con unos índices de desempleo que doblan los de la media europea. Las cifras ponen de manifiesto una reducción de los puestos de trabajo; empleos que además se encuentran sujetos a condiciones de temporalidad camufladas bajo el término «fijos-discontinuos», dando lugar a una disminución en el reparto de horas trabajadas entre el número total de «ocupados» con respecto a años anteriores.
La evolución de los impuestos no ha sido ni gradual ni proporcional al nivel de estancamiento de los ingresos de las familias españolas. Desde 2005, los salarios han quedado suspendidos en los 23.000 euros de media. Veinte años de parálisis que coexiste con el aumento disparado de los precios y el coste de la vida. Al contrario que los salarios, los precios de la lista de la compra no han dejado de crecer. El pasado año, alimentos básicos como la leche o los huevos experimentaron la mayor subida en casi 35 años. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) habla de un coste añadido anual de más de 800 euros por familia en el pasado año, un sobrecoste que se debe en gran parte al aumento de precios de casi el 100% de los productos de la cesta de la compra.
Dos modelos enfrentados
Los planes que recogen los programas electorales del 23J plantean dos modelos de trabajo contrapuestos, los mismos que se observan a escala internacional y que plantean realidades tan contrapuestas de mercados laborales como el español y el polaco. Reformas laborales como las de Yolanda Díaz o las de Mariano Rajoy frente a modelos como el de Giorgia Meloni en Italia, que ha rebajado la presión fiscal a los trabajadores como medida para hacer frente al encarecimiento de la vida; concediendo además reducciones fiscales a las empresas a cambio de contratos indefinidos.
Partidos como VOX proponen una reforma laboral fundamentada en una subida generalizada de sueldos que al mismo tiempo promueva la creación de empleo. El método para lograrlo se basa en una rebaja fiscal dirigida a empresas y trabajadores, que aspira a reducir la presión fiscal de las primeras y recortar la parte impositiva que se resta de los sueldos de los últimos. Se plantean además novedosas medidas para fomentar la contratación, como la bonificación fiscal durante el primer año por empleos de nueva creación e incentivos a la contratación de nacionales; además del fomento de los oficios tradicionales y la artesanía, un tema que, junto con el sector primario, no han abordado las reformas laborales acometidas en los últimos años.
Otros modelos como el del Partido Popular tratan de incentivar la contratación por parte de las empresas a base de desproteger al trabajador. No hay que olvidar la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy que simplificó y abarató los despidos (las indemnizaciones pasaron a ser de 45 a 33 días al año), promoviendo además la temporalidad de los contratos. El resultado fueron contratos más cortos y salarios más bajos.
De cara opuesta a este modelo se encuentra la reforma laboral de Yolanda Díaz que carece de efectos reales en el mercado laboral y que, lejos de crear contratos fijos, renombra los contratos tradicionalmente denominados temporales por «contratos fijos-discontinuos». Una reforma que el exsecretario de Estado de empleo, Juan Pablo Riesgo, define como «cambios formales sin implicación estructural». Prueba de ello es que en el mes de marzo se dieron de baja un 116% más de contratos indefinidos que en el mismo periodo del año anterior.
Los problemas del mercado laboral español son problemas de fondo, que requieren una reforma profunda y estructural; los altos índices de paro exigen un replanteamiento del modelo educativo y de los programas de formación profesional; también del régimen arancelario para evitar la reducción del empleo a raíz de la deslocalización. Por otro lado, la creación de contratos de calidad depende de hacia qué sectores se oriente la economía. La excesiva terciarización de la economía y el crecimiento sobredimensionado del turismo ha dado lugar a contratos temporales circunscritos al periodo vacacional. La diversificación sectorial de la economía en favor de la industria y del campo resulta indispensable para lograr un equilibrio en el mercado laboral, tanto en lo relativo a los niveles de ocupación como a los salarios y las condiciones de los trabajadores.
Desdibujada la situación y realizado el diagnóstico de los achaques que sufre el mercado de trabajo, la labor restante recae en el electorado español que habrá de decidir un modelo laboral u otro según las propuestas de los partidos.
