Una de las últimas leyes de la legislatura recién acabada fue la de vivienda, pomposamente bautizada «por el derecho a la vivienda». Porque las izquierdas están convencidas de que llamando a algo «derecho» ya existe por arte de magia. Todo debe convertirse en derecho, incluso el no querer estar solo: derecho a no sufrir soledad no deseada.
En esta campaña electoral, la vivienda, de las que hay 26,6 millones en España, vuelve a ser uno de los puntos centrales. Es cierto que la vivienda afecta a todas las personas, pero para las izquierdas supone una manera de inmiscuirse en la vida de los ciudadanos, de enfrentar a unos a contra otros y de aumentar el control. Para la extrema izquierda, además, se trata de otra vía para hacer la revolución y empobrecer a los ciudadanos.
Ejemplo de esto es que ambos partidos presumen de haber paralizado los desahucios, sean por ocupación o por impago del alquiler, con lo que cargan un problema social a los particulares, a los que además, se deja inermes. Los propietarios de las viviendas siguen pagando los impuestos, los suministros y hasta las hipotecas de los inmuebles cuya posesión han perdido.
Además, el Gobierno del PSOE y la extrema izquierda ha dividido a los españoles en propietarios, que son malvados y especulan con un derecho, y en arrendatarios explotados. Encima se ha creado la figura de los grandes tenedores, propietarios de 10 o más viviendas, a la que se acusa de confabularse para encarecer el alquiler, como si fueran eléctricas, bancos, o supermercados.
La ley ya vigente ha tenido como efectos la retirada de miles de viviendas del alquiler y el encarecimiento de éste en muchas ciudades. Pero las izquierdas, en vez de rectificar, plantean seguir en la misma línea. Ni un paso atrás.
Promesas de PSOE y Sumar
El PSOE promete la construcción de 183.000 viviendas públicas para destinarlas al alquiler, cuando en esta legislatura pasada apenas las ha construido. También, la rehabilitación de 500.000 viviendas y el establecimiento, «en coordinación con los bancos», de una cuenta de ahorro bonificada para la compra de una primera vivienda para los jóvenes. Cualquiera diría que Pedro Sánchez no es presidente del Gobierno desde hace cinco años.
La extrema izquierda no ha quedado satisfecha con la Ley de Vivienda y plantea su reforma para beneficiar a la que considera parte débil, pero que no es más que una excusa para aumentar la intervención en este sector y aumentar los chiringuitos.
Sumar propone la construcción de un parque residencial de viviendas sociales y asequibles para alquiler de dos millones de inmuebles en diez años. Y como la ley vigente otorga amplias competencias a los ayuntamientos y las comunidades para delimitar las áreas tensionadas, la coalición encabezada por Yolanda Díaz se compromete a elaborar una ley que conceda esa facultad al Gobierno nacional. Las comunidades y los ayuntamientos gobernados por PP y VOX perderían esa competencia.
El teléfono contra la ocupación del PP
Tanto el PP como VOX afirman que derogarán la ley de vivienda de 2023. Sin embargo, en otros puntos sus programas difieren.
El PP se compromete a introducir medidas para acabar con la ocupación en las 24 horas siguientes a su denuncia y a aumentar la burocracia ya existente con «un teléfono de atención al ciudadano 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o intentos de ocupación, y una ventana única de tramitación de asuntos relacionados con la ocupación ilegal».
También promete una reforma del Código Penal y hasta la exclusión del padrón municipal a los delincuentes y la movilización del suelo de propiedad pública para la construcción de viviendas. Pero el mayor argumento en contra de estas medidas es que las propone un partido que gobernó España entre 2012 y 2018, varios de esos años, además, con mayoría absoluta en las Cortes. En ese período, el Gobierno de Rajoy suprimió la deducción en el IRPF de la inversión en la compra de una vivienda habitual, que Sánchez no ha recuperado.
VOX, más radical en su protección a los ciudadanos honrados, propone la reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal no sólo para perseguir a los okupas, sino para proteger a quienes se defiendan frente a una irrupción violenta en su hogar. Además, “eximirá a los propietarios de inmuebles okupados ilegalmente del pago del IBI durante el periodo de ocupación ilegal del inmueble”, medida que no incluye ningún otro partido.
Como varias comunidades (País Vasco y Cataluña) han aprobado leyes regionales para limitar el alquiler y gravar más los pisos vacíos, VOX afirma que las derogará
Rebaja de impuestos al sector
Sobre los pisos turísticos, propiedad de particulares o de empresas, que en muchos lugares se han convertido en una molestia y en otra causa del encarecimiento de los precios de la vivienda, VOX afirma que establecerá una única legislación nacional, con los objetivos de competencia en igualdad de condiciones con hoteles y campings y erradicar las molestias a los vecinos.
Para abaratar la vivienda en propiedad y en alquiler, VOX propone, como todos los demás partidos, liberar más suelo, ceder inmuebles de la SAREB y (otra novedad de su programa) la rebaja de todos los impuestos asociados a la construcción y de los que se lucran las Administraciones: IVA, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales, plusvalía municipal, etc. «Todo el proceso constructivo desde la adquisición de una parcela hasta la venta o alquiler de la vivienda se ha convertido en un modo de obtención de ingresos fiscales para el Estado, regiones y municipios, que produce un incremento de precios artificial”.
En resumen, todos anuncian más viviendas, cuya construcción lleva varios años. El PSOE y Sumar prometen que seguirán interviniendo el mercado de la vivienda para hacernos más felices, mientras que el PP se centra en acabar con la ocupación y VOX afirma que bajará impuestos para abaratar los precios.
