La apuesta por la seguridad en España es uno de los temas que está en juego en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo 28 de mayo. Mientras desde el Gobierno se alienta la inmigración masiva y descontrolada o se aprueban leyes de vivienda que blindan la okupación, la criminalidad, las usurpaciones de vivienda y otro tipo de delitos no paran de aumentar.
La criminalidad más alta de los últimos diez años
España es un país seguro si lo comparamos con otras naciones europeas, pero la criminalidad ha sufrido un aumento exponencial durante los últimos años. Tanto es así que, en 2022, España anotó el mayor dato de criminalidad de los últimos diez años.
El número de delitos registrados en 2022 fue de 2.325.358 mientras que en 2019 —el último que se toma como referencia debido a las restricciones por Covid que hubo durante 2020 y 2021— hubo 2.199.475, 125.833 menos; lo que supone un incremento del 5.7%, según cifras publicadas por el Ministerio del Interior.
Si distinguimos entre tipos de delitos, las violaciones subieron un 53% en 2022 en comparación con 2019 y un 34% en comparación con 2021. Es decir, con el Gobierno más feminista de la historia, se producen al día y según las cifras de Interior 7,9 agresiones sexuales al día.
No son los únicos delitos que se han incrementado; también ha habido un fuerte repunte de las tentativas de homicidio (han aumentado un 44% con respecto a 2019) y de los delitos relacionados con lesiones y riña tumultuaria ( han crecido un 31%). En este periodo, la cibercriminalidad también aumentó un 72%.
Tal y como señala el balance de Interior, la tasa de delincuencia en España es más baja que la de otros países Europeos: se situó en 2022 en 48,8 hechos penales conocidos por cada mil habitantes, mientras que fue del 79,5 en Reino Unido, del 74,8 en Bélgica, del 60,7 en Alemania o del 53,9 en Dinamarca. Sin embargo, es una tasa que también se ha incrementado: un 5,7% desde 2019 y un 18% si se compara con 2021.
A ese aumento exponencial de la criminalidad en España, que el Gobierno de Pedro Sánchez adjudica a «que se producen más denuncias», hay que añadir el futuro incremento que seguro se producirá como consecuencia de la ley «sólo sí es sí». A propuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y con la aprobación del Gobierno de coalición, desde el mes de agosto han quedado en libertad más de cien delincuentes sexuales y más de 1.000 han visto rebajadas sus penas de prisión. Una cifra que seguirá creciendo ya que, pese a la reforma de la ley pactada entre el PSOE y el Partido Popular, todos los delitos cometidos antes de su entrada en vigor siguen siendo susceptibles de ser revisados ya que se debe aplicar la norma «más favorable al reo» de acuerdo a la Constitución. Así, y según el Consejo General del Poder Judicial, el proceso de revisiones de condenas puede prolongarse durante cinco años y abarcar 4.000 condenas.
Bandas violentas: cada vez más comunes y más armadas
Según fuentes de Interior, el número de bandas violentas en España se mantiene en torno a las 600 desde 2019, con una tendencia al alza. En concreto, se ha pasado de 595 bandas monitorizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2019, a un total de 627 en 2021.
De ellas, un centenar son de origen latino. Trinitarios, DominicanDon’t Play (DDP), Latin Kings y Ñetas son las más activas y, según la Policía, se han reactivado en el último año, están más y mejor armadas y ha aumentado la rivalidad entre ellas.
Madrid es la comunidad más afectada por la proliferación de estos grupos. En la región, la Policía tiene fichados a 400 pandilleros en activo aunque, según el Observatorio de Bandas Latinas, en la capital son, al menos, 2.500.
En el último año, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron en esta región a 1.800 personas, uno de cada cinco menores de edad, e identificaron a casi 168.000. Además, se intervinieron 646 armas: 400 navajas y cuchillos, 65 machetes, 5 pistolas detonadoras y 93 bates y puños americanos. También se levantaron 4.360 de actas de droga.
Según la Delegación del Gobierno en Madrid, siete personas murieron en 2022 como consecuencia de enfrentamientos entre bandas.
Una ley de vivienda que blinda a okupas e inquiokupas
Pese a que el Gobierno y la izquierda se han esforzado en señalar a la «extrema derecha» como la creadora de una okupación que, según ellos, no existe o está «sobredimensionada», las cifras señalan que es un problema que se ha multiplicado en un 40% desde 2018.
El problema es especialmente grave en ciudades como Cataluña —en 2022 hubo más de 4.000 denuncias por este motivo en esta región—, Madrid, y en zonas costeras como Baleares, Murcia, Valencia o Andalucía. Solo en un año, entre 2020 y 2021, los hechos reconocidos por delitos y faltas pasaron de 14.621 a 17.274 casos, muy lejos de los 3.849 de 2011.
En 2022, y según el Ministerio del Interior, el número de allanamientos de morada y usurpación de inmuebles fue de 16.726, un 3,2% menos que el año anterior. Sin embargo, como ocurre con las cifras del paro en las que no se tienen en cuenta los fijos discontinuos, estas tampoco reflejan las inquiokupaciones.
La inquiokupación no es un delito tipificado, por lo que no hay cifras oficiales que den cuenta de la magnitud de este problema, pero según los datos que maneja la Plataforma de Afectados por la ‘okupación’ y la ‘inquiokupación’, hay 80.000 casos en España.
Este mal escenario en torno a la okupación se prevé peor en los próximos meses y años tras la aprobación de la ley de vivienda del Gobierno.
Así, la nueva norma exige detallar la fecha y hora de un desalojo para que pueda llevarse a cabo, que el propietario garantice que no es un gran tenedor antes de comenzar con la desokupación, que justifique si la vivienda es el domicilio habitual o no del okupa y que acredite su situación económica para saber si se trata de alguien en una situación de vulnerabilidad, entre otros.
En otras palabras, la nueva norma blinda a los okupas y puede alargar hasta dos años el plazo para expulsarlos, según denuncia la Agencia Negociadora del Alquiler.
Inmigración ilegal y delincuencia: una relación confirmada e incómoda
La relación entre la inmigración ilegal masiva y el aumento de la delincuencia es evidente, pero silenciada. Pese a que en la mayoría de casos y en la mayoría de medios se tiende a esconder la nacionalidad o el origen de un detenido cuando no es español, algunas cifras (todavía públicas) confirman el nexo.
En Cataluña este vínculo es más notorio. De los 30.860 detenidos que hubo en Cataluña en 2022, 18.077 fueron de nacionalidad extranjera y 12.783 de nacionalidad española. Es decir, casi el 60% de los detenidos en esta región eran extranjeros.
Esta cifra se vuelve aún más problemática si la relacionamos con el porcentaje de extranjeros en la región. Según la Generalitat, la población extranjera representa algo más del 16% del total de la población de Cataluña, alrededor de 1.270.000 personas. Por tanto, según los datos aportados por la Consejería de Interior, el 16% de la población ―habría que restar el número de detenciones de no residentes― comete casi el 60% de los delitos.
En la comunidad catalana este vínculo también se observa en las cárceles. En marzo de 2022 la Consejería de Justicia de Cataluña admitió que más del 41% de los presos en cárceles catalanas son de nacionalidad extranjera.
Así, de los 7.816 presos en cárceles catalanas, 3.228 son extranjeros, mientras que los 4.588 restantes son españoles. Es decir, en concreto el 41,3% no tienen la nacionalidad española, según datos facilitados por la Consejería de Justicia.
Yihadismo: una amenaza latente y activa
En enero, el atentado yihadista en el que un marroquí asesinó a puñaladas al sacristán Diego Valencia en Algeciras sirvió de muestra de que el yihadismo sigue siendo una amenaza latente, viva y activa en España.
Así y mientras se alienta la inmigración masiva y descontrolada desde países islámicos, Interior mantiene hoy la alerta antiterrorista en el nivel cuatro sobre cinco, el que indica que existe un riesgo alto de atentado, al igual que en las principales naciones europeas.
En aplicación de esta alerta y desde los atentados del 11M, la prevención ha sido la clave para evitar este tipo de atentados. Desde 2004, las Fuerzas de Seguridad han llevado a cabo 365 operaciones contra el yihadismo que se han saldado con 1.091 detenciones, 963 en España y 128 en el extranjero en conexión con operaciones activadas en nuestro país.
