En las elecciones municipales y autonómicas de este domingo está en juego el modelo hidrológico que se quiere para España. La batalla se da entre quienes consideran que no debe haber trasvases y quienes creen que se debe legislar para que no se tire ni un litro al mar y para que el agua, «que es de todos los españoles», llegue a cada pueblo y rincón de la nación; entre quienes abogan por destruir presas e infraestructuras hídricas, y quienes creen que la prosperidad de España, de sus agricultores y de sus ganaderos, pasan precisamente por todo lo contrario.
«El agua tiene que llegar a toda España con plan hidrológico nacional, con trasvases o como sea necesario», afirmó el presidente de VOX, Santiago Abascal, el pasado jueves en Alicante. «No hay agua para todos», sostuvo el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ese mismo día.
Una de las zonas más afectadas por la escasez de agua es el Levante español (la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería). El Gobierno de Pedro Sánchez dio el pasado mes de enero un golpe casi definitivo al trasvase del Tajo-Segura al modificar el texto del decreto acordado en el Consejo Nacional del Agua y eliminar de la posibilidad de que los regantes puedan aprovechar los excedentes naturales de agua a partir de 2027.
Una promesa incumplida del PP y la propuesta de VOX
El Plan Hidrológico Nacional suele ser una promesa del PP en cada contienda electoral. Pero no se aprobó cuando Mariano Rajoy tuvo mayoría absoluta para hacerlo (tras derogar el proyecto José Luis Rodríguez Zapatero). E incluso desde el Gobierno popular se instó a los regantes «a no reclamar trasvases». Así, esta cuestión se ha convertido en un arma arrojadiza entre los grandes partidos (PP y PSOE), que van cambiando de criterio y defienden una cosa y la contraria según estén en una región u otra; y en una batalla fratricida entre comunidades autónomas. Unos piden agua… y los otros dicen que no tienen suficiente… en cuencas que son las huertas de España, las que más producen y exportan productos agrícolas.
VOX denuncia que las políticas localistas «enfrentan a territorios españoles entre sí» y reclama un Plan Nacional —bajo los principios de solidaridad y bien común— que cree «una autopista del agua» para que llegue a donde se necesite. «El agua es de todos y no de las regiones en las que se encuentra«, afirma la formación, que considera «imprescindible» establecer formas de almacenamiento. Asimismo, exige «medidas eficaces» que garanticen el acceso al agua en igualdad de condiciones y en cualquier parte de España, e incide en que países como Egipto, Israel o Marruecos «están convirtiendo territorios desérticos en vergeles de regadío y de desarrollo agroalimentario». «¿Por qué aquí no? Por falta de voluntad política».
Sólo Castilla y León construye presas
El Gobierno de coalición de Castilla y León está construyendo la obra de la presa sobre el arroyo de Las Cuevas, en el término municipal de Castrejón de la Peña (Palencia). La infraestructura contará con una capacidad de casi 11 hectómetros cúbicos y junto con su presa «gemela» sobre el Arroyo de Villafría, en el municipio palentino de Santibáñez de la Peña, permitirá la regulación del regadío de la zona regable del río Valdavia. «Estamos haciendo un esfuerzo inversor grande en infraestructuras de agua. Estas obras son fundamentales para nuestro desarrollo económico y para la prosperidad del medio rural», señaló el vicepresidente de la región Juan García-Gallardo cuando visitó en marzo hace las obras. Al mismo tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere derribar la presa de Los Toranes (Teruel) y la de Valdecaballeros (Badajoz) pese a la oposición de los vecinos, que recuerdan que supondría una amenaza para el desarrollo socioeconómico de las zonas.
La Agenda 2030 y el Pacto Verde
El ecologismo radical de las agendas impuestas por las élites de Bruselas está arruinando a la agricultura, a la ganadería y a la pesca en España (y en toda Europa) con las exigencias inasumibles o la persecución de sus modos de producción tradicionales (en el Mar Menor o en el Delta del Ebro). Estas elecciones, por ello, también constituyen un plebiscito sobre estas políticas que pueden poner en peligro el abastecimiento alimentario. «Sin agua, el campo se muere… y la ciudad no come», suelen repetir los agricultores en sus manifestaciones contra la persecución a su manera de vivir.
La globalista Agenda 2030, apoyada por PSOE y PP, y el Pacto Verde europeo culpan a los productores de los problemas medioambientales mientras exoneran a los países (China, la India…) que contaminan sin que nadie les exija restricciones. Desde los ayuntamientos y las comunidades autónomas se puede exigir —y abogar— por seguir en la misma línea o impulsar una nueva política «menos verde y más agrícola».