La investigación judicial sobre la denominada «Operación Hades», relativa al descubrimiento del primer narcotúnel documentado entre Marruecos y España, continúa sin avances en el plano de la cooperación internacional. Según publican varios diarios del Grupo Vocento, un año después del estallido del caso, las autoridades marroquíes no han respondido a las solicitudes formales de auxilio judicial cursadas desde España para esclarecer los extremos de una infraestructura subterránea empleada presuntamente para el tráfico de hachís a gran escala.
La operación policial permitió localizar una galería excavada a más de 12 metros de profundidad y con una longitud superior a los 50 metros. El túnel conectaba una nave industrial abandonada del polígono del Tarajal, en Ceuta, con un punto indeterminado del municipio marroquí de Castillejos, en una zona calificada por los investigadores como área de seguridad militar fronteriza. Según las diligencias, la infraestructura habría estado operativa al menos desde junio de 2022.
El sumario atribuye al túnel la introducción en territorio español de un mínimo de 5,1 toneladas de droga, posteriormente trasladadas por vía marítima hacia la península mediante camiones con dobles fondos, con destino principal a Algeciras y Málaga. La investigación sostiene que la ruta funcionó de forma continuada hasta 2024, coincidiendo con la plena actividad de las redes productoras del Rif y sus intermediarios logísticos.
Entre enero y febrero de 2025 se produjeron 15 detenciones, algunas de ellas de especial relevancia. La unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil implicó a varios agentes destinados en el Puerto de Ceuta, considerados presuntamente piezas clave para el éxito de las operaciones de la red. Los investigadores apuntan a pagos a cambio de información sobre controles, alertas y ventanas operativas seguras.
En resoluciones fechadas el 21 de febrero de 2025, el 16 de julio del mismo año y, más recientemente, el 22 de enero, la juez instructora, María Tardón, reiteró la necesidad de colaboración de Marruecos mediante comisión rogatoria. Las solicitudes incluyen información sobre la ubicación exacta de la boca de entrada del túnel, la posible existencia de procedimientos penales abiertos y la posible vinculación de los detenidos con organizaciones criminales asentadas en su territorio. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta oficial.
Fuentes jurídicas señalan que la falta de cooperación resulta llamativa en comparación con otros casos de delincuencia organizada transfronteriza. Pese a este escenario, los investigadores mantienen abiertas varias líneas gracias a las declaraciones de algunos detenidos. Entre ellos figura Mohamed Ali Duas, diputado de la Asamblea de Ceuta por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Asimismo, la Fiscalía otorga especial relevancia al testimonio de un colaborador que confirmó la existencia del túnel y la implicación de al menos tres agentes.
