La «regularización» masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Sánchez ha provocado la aparición de un mercado paralelo de intermediación que, según una investigación publicada por ABC y fuentes policiales citadas por ese diario, habría sido aprovechado por redes criminales para ofrecer a potenciales solicitantes un «pack completo» destinado a facilitar el acceso al proceso.
De acuerdo con esas fuentes, las organizaciones criminales ofrecían por importes superiores a 1.000 euros el traslado desde países como Francia, Alemania, Bélgica u Holanda hasta España, además de asesoramiento para obtener la documentación necesaria, la gestión de citas administrativas e, incluso, justificantes destinados a acreditar una supuesta permanencia en territorio español antes del 1 de enero de 2026.
Muchos de los interesados habrían llegado previamente a España a través de las rutas atlántica y mediterránea y, posteriormente, se habrían desplazado a otros países europeos donde residían familiares o conocidos. Entre los perfiles detectados figuran principalmente inmigrantes de Argelia y Marruecos, además de Pakistán y Senegal.
Las mismas fuentes sostienen que algunas de las pruebas documentales utilizadas para acreditar la estancia en España consistían presuntamente en abonos de transporte modificados, mientras que las organizaciones también asumían el pago de tasas administrativas y ofrecían la contratación de servicios por separado cuando los solicitantes ya habían realizado parte de los trámites.
En paralelo, la campaña de «regularización» masiva ha favorecido la proliferación de anuncios de despachos jurídicos especializados en la tramitación de solicitudes. En estaciones del Metro de Madrid han podido verse campañas comerciales que ofrecían la gestión completa del expediente por 295 euros, incluyendo tasas, presentación telemática, asesoramiento y garantía de devolución del importe en determinadas circunstancias.
Fuentes consultadas por ABC diferencian esta actividad profesional, plenamente legal, de las actuaciones atribuidas a las redes criminales, aunque advierten de que el elevado volumen de solicitudes ha generado un entorno propicio para la actuación de intermediarios de distinta naturaleza.
La investigación también señala que la «regularización» masiva ha impulsado el retorno a España de inmigrantes residentes en otros países europeos para acogerse al procedimiento. Algunas organizaciones consideran que una parte de ellos regresará posteriormente a sus países de residencia, mientras que otra intentará establecerse en España para acceder al mercado laboral.
El proceso ha superado ya los 1,17 millones de solicitudes, triplicando las previsiones anunciadas por el Ejecutivo.
