El Ministerio de Sanidad tenía registrados 1.224.576 inmigrantes incluidos en la categoría administrativa de personas extranjeras «no registradas ni autorizadas como residentes» a 31 de diciembre de 2024, una cifra que más que duplica la estimación de «casi 500.000» beneficiarios utilizada por el Gobierno para elaborar la memoria de la «regularización» masiva de inmigrantes, según publica El Español.
El dato figura en una respuesta parlamentaria remitida por el Ministerio de Sanidad a VOX en el Congreso de los Diputados y se basa en la Base de Datos de Población Protegida del Sistema Nacional de Salud, donde se inscriben los extranjeros que acceden a la asistencia sanitaria pública al amparo de la normativa vigente para los ilegales.
La cifra coincide con las previsiones recogidas en un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que estimaba que el proceso extraordinario podría alcanzar a 1.250.000 ciudadanos inmigrantes. Asimismo, se aproxima a las 1.174.978 solicitudes de regularización finalmente reconocidas por el Ejecutivo tras concluir el plazo habilitado para presentar las peticiones.
El origen de este registro sanitario se remonta al Real Decreto-ley 7/2018, que recuperó el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para ilegales. Posteriormente, una resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios desarrolló el procedimiento para asignar a estos beneficiarios un Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud.
La información fue facilitada por el departamento que dirige Mónica García. En la contestación parlamentaria se indica que «en cuanto a la nacionalidad extracomunitaria, de las 1.224.576 que se han beneficiado de esta prestación asistencial, los datos que se ofrecen son los que facilitan las comunidades autónomas a la Base de Datos de Población Protegida del Sistema Nacional de Salud (…) a fecha de 31 de diciembre de 2024».
No obstante, el propio registro presenta limitaciones metodológicas. La base de datos no constituye un censo oficial de toda la población inmigrante ilegal, sino un registro administrativo de quienes han solicitado o tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria pública bajo esa categoría. Ello implica que pueden existir inmigrantes que nunca hayan solicitado la tarjeta sanitaria, así como expedientes pendientes de actualización correspondientes a quienes ya hayan «regularizado» su situación.
La diferencia entre los datos de Sanidad y la estimación empleada por el Ministerio de Inclusión para justificar la regularización extraordinaria ha suscitado interrogantes sobre la metodología utilizada por el Ejecutivo. El Consejo de Estado ya advirtió durante la tramitación de la norma de que la memoria no detallaba las bases empleadas para calcular el número de solicitantes y beneficiarios previstos, además de alertar sobre posibles riesgos derivados del uso de la declaración responsable en un procedimiento de carácter masivo.
Paralelamente, el Tribunal Supremo ha iniciado el procedimiento previo para decidir si plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el fin de aclarar la compatibilidad de la «regularización» con la normativa comunitaria.
