Renfe ha informado este viernes de que examinará qué opción jurídica puede emplear, en España, para conservar su actual sistema de compensaciones por retrasos en los trenes de alta velocidad, después de que el Congreso aprobase una enmienda —impulsada por el PP y respaldada por VOX, Junts, ERC, Podemos y BNG— que obliga a recuperar los criterios anteriores al 1 de julio, más exigentes para la empresa pública que los actualmente vigentes.
La empresa pública asegura que el sistema vigente —implantado en julio de 2024— continúa siendo el más ventajoso del mercado para los pasajeros. Por ello, la operadora rechaza frontalmente la modificación aprobada en la Cámara Baja, que suaviza las condiciones para que los usuarios del AVE accedan a un reembolso ante una demora, según detalla El Mundo.
Antes de la reforma del pasado verano, los clientes obtenían la devolución del 50% del billete cuando el retraso alcanzaba los 15 minutos, y el reembolso íntegro si el tren superaba los 30 minutos de demora. Las normas actuales elevaron esos umbrales: el 50% sólo se reintegra entre los 60 y 90 minutos de retraso, y el 100% cuando la llegada acumula más de hora y media. Dicho de otro modo, los criterios se hicieron tres o incluso cuatro veces más estrictos.
Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes dirigido por el ministro Óscar Puente, afirma no comprender el sentido de la enmienda aprobada. El operador censura que “se quiera penalizar únicamente a una compañía estatal, dejando fuera a competidores privados como Ouigo e Iryo”. Considera, además, que la medida daña a una empresa clave para la cohesión territorial y fuerza tanto a la entidad como a sus trabajadores a competir en condiciones de inferioridad dentro de un mercado liberalizado.
El propio ministro Puente expresó de inmediato sus dudas acerca del alcance que podrá tener esa modificación incorporada a la Ley de Movilidad Sostenible. Nada más conocer la aprobación, confesó preguntarse “qué recorrido podrá tener esta enmienda”.
