El Gobierno de Sánchez ha salvado in extremis una nueva crisis con uno de sus socios más importantes, el PNV. Las tensiones entre el ejecutivo y su compañero de legislatura ha sido el traspaso de cinco nuevas transferencias pactadas en julio entre entre gobierno central y autonómico y que habían quedado en el aire, y que habían creado bastante malestar en las filas peneuvistas.
Finalmente el chantaje se ha vuelto a concretar, con la concreción de esas cesiones, todas ellas recogidas en el Estatuto de Guernica: las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social por cuidado familiar; las contributivas del desempleo y los subsidios no contributivos del paro; el centro de verificación de maquinaria de Baracaldo en materia de salud laboral; el seguro escolar; y el salvamento marítimo.
Según publica El Confidencial, en las últimas semanas, la tensión entre ambos ejecutivos ha ido en aumento ante la celebración, inicialmente prevista para este viernes de la Comisión Mixta de Transferencias. La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, llegó a advertir de que el País Vasco no acudiría si no se concretaban los acuerdos firmados en julio. «Lo que pedimos es que seamos serios y que se respeten los acuerdos institucionales, firmados entre dos gobiernos», subrayó.
En la misma línea, el presidente del PNV, Aitor Esteban, lanzó un aviso directo a Sánchez al señalar que, si el jueves no había avances, su partido actuaría «en consecuencia» y no mantendría la «misma actitud de diálogo y proactiva de buscar acuerdos».
Finalmente el presidente autonómico, Pradales sí acudirá a la comisión tras comprobar que los traspasos se ajustan al pacto sellado. Con ello, el Ejecutivo central cede de nuevo a otro chantaje, evita un nuevo golpe a su ya debilidad parlamentaria.
