El Gobierno de Pedro Sánchez quiere convertir el aeropuerto de Ciudad Real, que en su día fue conocido como Aeropuerto Don Quijote, en un centro de acogida para inmigrantes ilegales. Este aeródromo ha sido escenario de una sucesión de fracasos y problemas a lo largo de los últimos 13 años, y su futuro parece seguir plagado de complicaciones.
El origen del proyecto se remonta a los primeros años de la década de los 2000, cuando se planeó como una alternativa a un colapsado aeropuerto de Barajas, que en ese momento no había comenzado la construcción de su nueva Terminal 4. El aeropuerto de Ciudad Real tuvo un coste inicial de 220 millones de euros.
El desarrollo de la infraestructura fue monumental. Se expropiaron más de 1.800 hectáreas para construir una única pista de 4.000 metros de longitud, lo que permitió proyectar una capacidad de hasta dos millones de pasajeros anuales. Además, se planteó la creación de un parque industrial y de servicios que infló el presupuesto total del proyecto hasta los 450 millones de euros, una cifra descomunal que resultó ser insostenible.
El éxito inicial del aeropuerto, con vuelos de aerolíneas como Ryanair, Vueling, Air Nostrum y Air Berlin, no fue suficiente para hacer frente a la gigantesca deuda que el proyecto había acumulado. En 2011, apenas tres años después de su apertura, la empresa gestora se declaró en concurso de acreedores, lo que forzó el cierre de las instalaciones. En 2016, el aeropuerto fue adquirido por CR International por 56,2 millones de euros, muy por debajo de su inversión original.
Durante ese tiempo, el aeródromo fue utilizado para diferentes fines, como rodajes cinematográficos, vuelos privados y mantenimiento de aeronaves. Sin embargo, todo parece indicar que su nueva etapa se caracterizará por un uso totalmente diferente: un gran centro de acogida para inmigrantes ilegales.
