El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ha aprobado un nuevo paquete de subvenciones por valor de 2,4 millones de euros para financiar exhumaciones de la Guerra Civil. Las ayudas, dirigidas a asociaciones y fundaciones dedicadas a la localización e identificación de restos, se enmarcan en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco con una avalancha de actos y homenajes.
El Ejecutivo ha convertido el aniversario en una oportunidad para intensificar su política de memoria histórica, aunque los resultados en materia de identificación distan mucho de justificar el gasto público. En el Valle de los Caídos, por ejemplo, sólo el 0,56% de los descendientes de las más de 33.000 personas allí enterradas ha solicitado el análisis genético de los restos de sus familiares.
La Ley de Memoria Democrática, impulsada por Sánchez y respaldada por Bildu, establece que las actividades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la represión posterior podrán recibir financiación estatal. Sin embargo, dicha norma excluye a las víctimas del terrorismo de ETA y ha sido criticada por utilizar la memoria histórica como herramienta política y de división.
Con esta base legal, el departamento de Torres ha destinado un millón de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias, además de transferencias a diputaciones como las de Cáceres, Badajoz, Jaén, Sevilla o La Coruña, y a diversos ayuntamientos para actuaciones puntuales. Según el Ministerio, el propósito es realizar “el mayor número de intervenciones posibles” y acelerar las exhumaciones ante la “dificultad creciente” de realizar pruebas de ADN conforme pasan los años y fallecen los descendientes directos.
Pese al incremento de fondos y propaganda institucional, el proyecto estrella del Gobierno —las exhumaciones en el Valle de los Caídos, rebautizado como Valle de Cuelgamuros— evidencia un estrepitoso fracaso. Los contratos firmados prevén un desembolso de 415.000 euros para el análisis de apenas 300 muestras óseas durante los próximos dos años, es decir, menos del 1% del total de los restos conservados en el monumento.
Según los pliegos del contrato, los análisis se centrarán en “restos esqueléticos humanos exhumados de las criptas del Valle de Cuelgamuros”, cuyos perfiles genéticos serán registrados en el Banco Estatal de ADN. El proceso culminará con un informe final que detallará los resultados de identificación. Sin embargo, los datos oficiales confirman que la implicación de las familias es mínima: sólo 190 solicitudes han sido presentadas, lo que supone un 0,56% de los descendientes.
Actualmente, en el Valle reposan 33.833 personas —de ambos bandos de la contienda— distribuidas en más de 11.000 cajas. Pese al empeño del Gobierno en reabrir las heridas del pasado con un despliegue económico sin precedentes, más del 99% de las familias no ha mostrado intención alguna de reclamar los restos de sus allegados.
