El Gobierno de Pedro Sánchez estima que la ley de amnistía podría impactar en 359 causas judiciales, según datos provisionales de la Fiscalía.
Tras la entrada en vigor de la norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes, se han recibido numerosas solicitudes de aplicación y tribunales como el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han pedido a las partes que se pronuncien, ya que algunas podrían llevar el asunto a la Justicia europea o al Tribunal Constitucional.
La mayoría de las causas, 118, están en Tarragona, 105 en los juzgados de Instrucción y de lo Penal de Gerona, y 15 en la Audiencia Provincial de Gerona. En Barcelona hay 63 procesos en los juzgados y tres en la Audiencia Provincial, mientras que en Lérida hay 26 diligencias abiertas. Además, hay dos en el Tribunal Supremo, 17 en la Audiencia Nacional y 10 en el TSJC, detalla este martes The Objective.
Fuentes indican que la ley podría beneficiar a un millar de personas. Algunas causas tienen múltiples encausados, aunque algunos aparecen en más de un procedimiento. La norma exige a los jueces que absuelvan los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 en el contexto del golpe separatista, e incluye las dos consultas ilegales realizadas.
La ley de amnistía borrará los efectos penales de delitos como desórdenes públicos agravados (antes sedición), desobediencia, malversación agravada, prevaricación, falsedad documental y revelación de secretos cometidos por los independentistas. Esto incluye a los condenados por el Supremo en octubre de 2019 por el golpe de Estado en Cataluña y a los procesados que huyeron de España, como Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira.
El juez del Supremo Pablo Llarena ha dado un plazo de cinco días a las partes para que opinen sobre la aplicación de la norma a los cuatro golpistas huidos y sobre si deben mantenerse las medidas cautelares, y ha informado a las Fuerzas de Seguridad que las órdenes de detención nacionales siguen vigentes. El presidente del tribunal que juzgó el golpe separatista, Manuel Marchena, y la magistrada Susana Polo, instructora del caso Tsunami, también han dictado providencias para decidir cómo aplicar la ley. Los 37 encausados de ERC por el procés, entre ellos, Oriol Junqueras, y Òmnium Cultural han solicitado la aplicación de la ley para Oleguer Serra y otros.
Los fiscales del procés han amenazado con un cisma tras la solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de un nuevo informe procesal. Ya habían entregado un documento el 30 de mayo en el que rechazan la amnistía para la malversación, alegando conflicto con el Derecho europeo.
La amnistía excluye actos calificados de terrorismo, como establece una directiva comunitaria de 2017, y actos que causaron graves violaciones de derechos humanos intencionadamente, según los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tampoco se perdonarán actos que causaron muertes o lesiones graves, lo que puede excluir a los encausados en el caso Tsunami Democràtic.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputa a una docena de independentistas por terrorismo por los disturbios tras la sentencia del Supremo en 2019, incluyendo a Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, cuya investigación fue derivada al Alto Tribunal. Este es el caso más controversial y podría ser rechazado por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si se plantean cuestiones prejudiciales.
