El Gobierno de Pedro Sánchez ha situado el Plan de Acción por la Democracia como una de las iniciativas clave de su mandato. Este conjunto de medidas, que abarcan el ámbito judicial, mediático y digital, busca incrementar la supervisión gubernamental sobre los medios de comunicación, la labor judicial y el ecosistema digital. Para su promoción, el Ejecutivo destinará 7,8 millones de euros en publicidad institucional durante 2025, convirtiéndolo en una de las campañas más costosas del año.
Según el Plan de Publicidad Institucional aprobado para el próximo ejercicio, la iniciativa El valor de las libertades y la democracia en España, coordinada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, será la tercera campaña con mayor inversión estatal. Sólo la superan la difusión de la declaración de la renta (9 millones de euros) y la divulgación de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico (11,4 millones).
Este proyecto se extenderá durante dos años, detalla El Confidencial, con una segunda fase planificada para junio de 2026 y un presupuesto total superior a los 8 millones de euros. Su propósito, según el Gobierno, es promover los valores democráticos en España y combatir la desinformación, difundiendo mensajes a través de televisión, radio, prensa, internet, cine y publicidad exterior en todas las lenguas cooficiales.
Lo llamativo de esta inversión es que supera los fondos destinados a otras iniciativas de carácter social, como la campaña de prevención de la violencia de género (5,9 millones de euros) o la difusión de becas y ayudas al estudio (850.000 euros), así como la información sobre el Ingreso Mínimo Vital (1,8 millones de euros).
Dentro de este plan, el Gobierno ha impulsado recientemente la denominada «ley Begoña», una iniciativa que busca limitar el impacto de las investigaciones periodísticas en los procedimientos judiciales y eliminar la figura de la acusación popular. Su aprobación permitiría dejar la instrucción de los casos exclusivamente en manos de la Fiscalía, órgano que depende jerárquicamente del Ejecutivo.
Además, el Gobierno pretende modificar la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, con el objetivo de imponer mecanismos de rectificación de informaciones consideradas falsas o tendenciosas, acompañados de indemnizaciones y plazos específicos para su cumplimiento.
Otro de los pilares del Plan de Acción por la Democracia es el control sobre el ecosistema digital. En las próximas semanas, el Ejecutivo reactivará la asignación de competencias sancionadoras a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la vigilancia de las redes sociales y plataformas digitales.
Esta propuesta ya fue incluida en el primer decreto ómnibus presentado en el Congreso, aunque su rechazo parlamentario frenó su implementación. Sin embargo, el Gobierno sigue apostando por su desarrollo y estudia la posibilidad de dotar a la CNMC de poderes para supervisar, investigar y sancionar a las grandes tecnológicas como Google, Facebook, X o WhatsApp.
De aprobarse, la CNMC podría imponer sanciones de hasta 600.000 euros a estas plataformas por incumplimientos normativos e incluso prohibir su operativa en España durante dos años en caso de infracciones muy graves.
El Ejecutivo de Sánchez pretende relanzar esta medida dentro de un nuevo paquete legislativo, aunque enfrenta la oposición de sus socios parlamentarios. Junts, por ejemplo, se ha mostrado reticente a la iniciativa, alegando que el control digital afectaría competencias autonómicas, lo que ha frenado su inclusión en el segundo decreto ómnibus.
