El Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa la implantación de peajes en las autopistas y autovías españolas. Lo hace ahora bajo el paraguas de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que incluye un «mecanismo de financiación» para garantizar el mantenimiento de la red estatal de carreteras. El plan, impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, busca además desbloquear un nuevo paquete de fondos europeos Next Generation por valor de unos 10.000 millones de euros.
Aunque en campañas anteriores el Gobierno se retractó por el coste electoral que suponía anunciar una medida tan impopular, la idea nunca se abandonó del todo. De hecho, varios informes técnicos elaborados en los últimos años ya analizaban fórmulas para cobrar a los conductores por kilómetro recorrido en las vías de alta capacidad.
Según esos estudios, el sistema aplicaría una tarifa variable, con precios que oscilarían entre 1 y 7 céntimos por kilómetro, en función del tráfico, la franja horaria o el tipo de vehículo. Para su uso, los coches deberían estar registrados en una base de datos con vinculación bancaria, de manera que el pago se realizaría automáticamente.
Bruselas lleva tiempo exigiendo a España una fórmula que garantice el mantenimiento de la red de carreteras, cuyo déficit, según los cálculos europeos, se sitúa entre los 10.000 y los 15.000 millones de euros. La idea responde a la llamada “doctrina del pago por uso”, el principio de que “quien gasta, paga”.
Sin embargo, el planteamiento choca con buena parte de los conductores, que denuncian que se trata de un nuevo impuesto encubierto. Alegan que si la sanidad, la educación o la seguridad se financian con los impuestos de todos, no tiene sentido que las carreteras —ya costeadas con los tributos actuales— vuelvan a cobrarse.
Aunque el Ejecutivo evita usar abiertamente la palabra “peaje”, la disposición adicional número 13 de la nueva ley deja claro el objetivo: implantar un sistema de pago por uso en autopistas y autovías bajo criterios de seguridad, igualdad territorial y sostenibilidad ambiental. En definitiva, un modelo muy similar al que ya funciona en el País Vasco y en varios países europeos.
En el fondo, la medida vuelve a poner de manifiesto la dependencia del Gobierno respecto a Bruselas: la aplicación de estos peajes sería una de las condiciones necesarias para seguir recibiendo los fondos europeos comprometidos, una cifra que ronda los 10.000 millones de euros.
