El socialista Santos Cerdán ha negado este lunes ante el magistrado Leopoldo Puente haber cobrado a cambio de favorecer amaños en contratos de obra pública, en el marco de la investigación sobre la presunta red de corrupción que operó desde el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. En su declaración, Cerdán ha denunciado ser víctima de una «cacería política» por su papel en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez con PNV y Bildu, según han señalado fuentes del caso.
Uno de los puntos clave en la investigación es un contrato de compra del 45% de la empresa navarra Servinabar en junio de 2016. En este contexto, según ha desvelado el ABC y El País, Cerdán ha defendido que dicho acuerdo no tuvo validez legal y que él mismo, junto a su esposa, decidió romperlo. No obstante, tras ese acuerdo, la compañía recibió contratos de obra pública, lo que ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades.
Respecto a los audios en los que presuntamente se le escucha negociando comisiones ilegales junto a Koldo García y José Luis Ábalos, el ex número tres del PSOE ha declarado no reconocerse en esas grabaciones. Además, ha anunciado que presentará una pericial que cuestiona su autenticidad. Así, ha insistido en su inocencia y se ha definido como una víctima de una ofensiva judicial por su labor política.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la prisión provisional para Cerdán, lo que supone la primera vez que se pide esta medida en el Tribunal Supremo dentro de esta causa. La semana pasada, el fiscal Alejandro Luzón se opuso a encarcelar preventivamente al exministro Ábalos y a su exasesor Koldo García, solicitando que se mantuvieran las medidas cautelares ya impuestas: retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales ante la Justicia.
