«Ya tenemos Gobierno progresista. Costó, pero llegó». Así comenzaba un artículo publicado en la web del Partido Socialista el 9 de enero de 2020, ilustrado con una fotografía en la que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se felicitaban durante el debate de investidura. Desde entonces, ambos no han dejado de otorgarse a sí mismos y a su Gobierno de coalición el título de «progresista». Y es que esa palabra-talismán les ha resultado de lo más rentable. Pero, ¿qué relación existe entre tal «progresismo» y el progreso real?
Una primera referencia con la que poder valorar si hay –o no– progreso son los indicadores socioeconómicos que, tras tres años de Gobierno «progresista», arrojan datos dramáticamente negativos: una inflación que no da tregua, media España que no llega a fin de mes, y crecientes índices de paro, criminalidad y suicidios.
Sin embargo, un análisis basado únicamente en índices socioeconómicos resulta superficial e insuficiente. Es necesario complementarlo con una visión más profunda, aquella que valora a una sociedad como más o menos avanzada según sea el trato que reciben sus miembros más débiles: los ancianos, los niños, las personas enfermas y los pobres. Si analizamos la presente legislatura con este otro parámetro, se comprueba que en el ámbito sanitario aparecen indicadores de deterioro progresivo. Las personas enfermas se ven obligadas a engrosar listas de espera cada vez más largas para ser atendidas, siendo que la Sanidad española constituía desde hace décadas un ejemplo a nivel mundial.
Los ancianos son, desde el año pasado, candidatos potenciales –por ley– al asesinato a domicilio que es la eutanasia, a la vez que no tienen opción de recibir cuidados paliativos aunque los necesiten. Sin olvidar la gestión realizada en las residencias geriátricas durante el confinamiento ilegal; algo tan terrible que quedará para siempre como uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia.
¿Y qué decir de los pobres? Que cada vez hay más. Para muchos, el simple hecho de alimentarse se ha convertido en un desafío angustioso. Y para colmo son objeto de la inaudita marginación de prohibirles circular por no tener un coche nuevo.
En cuanto a los niños, las últimas leyes aprobadas los han dejado abandonados a su suerte y a su inmadurez, facilitándoles arruinar sus vidas mediante mutilaciones y hormonaciones. A los que todavía están en el seno de sus madres –los más inocentes y débiles, y que mayor atención deberían tener por parte del Estado- los han convertido en los más desprotegidos por éste. Hasta el punto de que la nueva ley «progresista» los señala como una amenaza capaz de hacer surgir un nuevo derecho a matarlos sin ninguna restricción.
En resumen, el actual Gobierno «progresista» no ha sido un Gobierno de progreso considerando la evolución de los índices socioeconómicos. Y tampoco lo ha sido si consideramos cómo ha evolucionado el trato que reciben por parte del Estado las personas más vulnerables de nuestra sociedad. En esta legislatura, España sólo ha avanzado en desarrollar una cultura de muerte. Y eso no es progreso.
Tal deterioro ha sido posible, en parte, por la general aceptación de la engañosa palabra-talismán «progresista». Un término viciado ideológicamente que vela la razón hasta el punto hacer percibir los retrocesos como avances.
Lo cierto es que sólo cuando haya más ancianos bien atendidos en sus dolencias y soledad, cuando más familias puedan vivir dignamente, cuando los jóvenes puedan acceder a un puesto de trabajo y desarrollar sus vidas en libertad, cuando las madres sean apoyadas en su maternidad y la vida de los niños por nacer sea valorada y respetada por todos, solamente entonces podremos decir con verdad que España está progresando.
