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Estudiantes separatistas ocupan el Rectorado de la Universidad de Lérida

Alumnos de la Universidad de Lérida (UdL) han decidido en asamblea ocupar de manera indefinida el claustro del edificio del Rectorado «en defensa de nuestro derecho a decidir».

Según Laia Dedeu, miembro del denominado Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), «la UdL todavía no se ha posicionado en relación al referéndum del 1-O y, por ello, creemos que nuestro deber está ahora en la calle y no en las aulas«.

«Independientemente de lo que quieras votar es importante que cada ciudadano tenga el derecho de decidir y la universidad se tiene que manifestar respecto a ello», ha añadido Dedeu.

A la asamblea celebrada en el claustro del Rectorado ha acudido más de un centenar de personas.

La Fiscalía pide información a 31 ayuntamientos

Por otro lado, la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía de Lérida, requerirá a los secretarios municipales de los 31 ayuntamientos de esa provincia investigados por apoyar el referéndum ilelgal que entreguen copia de los documentos de ayuda a la consulta que hayan redactado.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, además de esa documentación la Fiscalía ha pedido a la Guardia Civil que, en sus funciones de policía judicial, reclamen a estos consistorios todos los documentos por los que los ayuntamientos ceden locales para la celebración del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Fuentes fiscales han indicado que se trata de los ayuntamientos leridanos que están siendo investigados por la Fiscalía, una treintena de los 57 cuyos alcaldes ya han sido citados a declarar.

Entre ellos el de Oliana, cuyo alcalde, Miquel Sala, ha explicado a TV3 que varios agentes de la Guardia Civil ya se han personado en el consistorio con el mandato de la Fiscalía.

Según ha indicado, los guardias civiles han pedido la documentación relacionada con los decretos de apoyo al referéndum del 1 de octubre aprobados por ayuntamientos catalanes y la cesión de locales para la consulta.

Los agentes, ha dicho, han entregado el requerimiento a la secretaria municipal y se han llevado un informe jurídico relacionado con las cartas enviadas por el Gobierno a los consistorios instando a que cumplan la ley y advirtiendo de las consecuencias de desobedecer al Tribunal Constitucional.

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