El Gobierno de Pedro Sánchez planea eliminar el artículo 525 del Código Penal en 2025, una medida que despenalizaría las ofensas a los sentimientos religiosos con el objetivo declarado de fortalecer la «libertad de expresión y creación». Esta reforma, impulsada por el ministro Félix Bolaños, situaría a España entre los seis países de la UE que no sancionan este tipo de conductas, uniéndose a Irlanda, Suecia, Estonia, Francia, República Checa y Croacia. Actualmente, España forma parte del grupo mayoritario de 20 naciones que mantienen protecciones legales frente a este tipo de delitos, según avanza The Objective.
Tal y como confirma el Observatorio para la Libertad Religiosa, otros países europeos, como Alemania y Bulgaria, aplican penas tres veces más severas que las españolas, mientras que en Grecia, Italia, Polonia y Rumanía las sanciones son al menos el doble de estrictas. Por otro lado, nueve países, incluyendo Austria, Finlandia y Portugal, tienen normativas similares a la vigente en España, donde las ofensas religiosas se castigan con multas económicas. En contraste, fuera de Europa, países como Suiza, Nueva Zelanda y Brasil también contemplan la protección legal de los sentimientos religiosos.
Actualmente, el Código Penal español establece multas de entre 8 y 12 meses para quienes, de manera pública, ridiculicen o insulten los dogmas, creencias o ritos de una confesión religiosa, así como a quienes no profesen religión alguna. A diferencia de otros países europeos, las sanciones en España no contemplan penas de prisión, siendo una de las normativas más indulgentes en este ámbito.
El detonante de esta propuesta fue el episodio protagonizado por Laura Yustres, una presentadora de TVE que, durante una emisión, mostró una imagen del Sagrado Corazón de Jesús sustituida por la cabeza de una vaquilla, lo que provocó un aluvión de críticas por parte de grupos religiosos. Abogados Cristianos presentó una denuncia contra la presentadora y el presidente de RTVE, José Pablo López, por considerar que se trataba de una ofensa contra los sentimientos religiosos. Bolaños calificó la denuncia como un «intento de los ultras de intimidar» y reafirmó el compromiso del Gobierno con la reforma como parte del Plan de Acción por la Democracia.
María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, criticó duramente la postura del Ejecutivo, acusándolo de abandonar a los creyentes. Según García, «este Gobierno deja en situación de desprotección a los ciudadanos religiosos mientras otorga privilegios a otros colectivos». Como ejemplo, recordó que el mismo Gobierno aprobó recientemente la ley trans, que castiga con multas de hasta 2.000 euros las expresiones discriminatorias contra personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.
A pesar de las críticas, el Gobierno mantiene su intención de avanzar con esta reforma, argumentando que España debe adaptar su legislación para garantizar la libertad de expresión. Sin embargo, esta decisión plantea un debate sobre el equilibrio entre derechos fundamentales y la protección de sensibilidades religiosas, un tema que sigue generando controversia en el ámbito político y social.
