Mientras que un español tiene que reducir su movilidad mientras está en demanda de empleo para no perder el paro, un Marroquí puede cobrarlo desde su país sin perder sus derechos.
El verano pasado, en un claro intento de que pasara desapercibido, se han publicado los listados de aceptados para la percepción de las ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid. Los perceptores de estas ayudas recibirán el 40% del coste de sus alquileres hasta un máximo anual de 2.400 euros. Un total de 17 millones de euros serán repartidos a través de esta partida presupuestaria.
Los solicitantes de estas prestaciones han sido 21.031 personas, de las que 8.402 eran extranjeros. Es decir, que el 40% de los demandantes no eran españoles. Pese a esos porcentajes, un 47% de los admitidos son extranjeros. Es muy significativo que casi el 20% de los solicitantes extranjeros ha recibido la ayuda, mientras que solamente el 15% de los españoles ha tenido esa suerte.
Además, como ya publicó La Gaceta, la mayoría de no españoles que se han visto beneficiados por estas ayudas procedía de países musulmanes, especialmente de Marruecos. Una comunidad que en algunas regiones, como es el caso de Cataluña, vive en casi un 80% de ayudas sociales, sin aportar vía impuestos a las arcas del Estado que les ofrece gratuitamente, además de esas subvenciones, educación y sanidad de manera gratuita.
Si esa es la situación en Madrid, ¿qué ocurre en Cataluña? Recientemente los medios de comunicación publicaban un informe que hacía referencia a Cataluña en el que señalaba que la cuantía media de las ayudas que reciben los inmigrantes islámicos en Cataluña era de 600 euros al mes, y que 7.000 de los perceptores ni siquiera vivían en España.
Pero también encontramos una situación similar en Valencia, que modificó en 2016 su modelo de ayudas para extranjeros y garantiza una “paga básica”, supuestamente para ayudar a su integración que asciende a 532 euros por cada mayor de edad. Si además tienen hijos a su cargo, esa ayuda aumenta hasta 775 euros, independientemente de que los niños hayan nacido en España. 
Cada vez son más las evidencias de que una buena parte de las ayudas que dan las administraciones públicas españolas acaban en manos de población inmigrante -regularizada o en situación irregular- que disfrutan de ayudas para las que no han cotizado y que se lucran de un estado del bienestar que vive una situación más que dramática ante la falta de cotizantes.
Las pensiones no contributivas concedidas a extranjeros que no han cotizado en España suman mil millones de euros al año y la perciben más de cien mil personas distribuídas por todo el territorio nacional.
Si seguimos con el análisis por comunidades autónomas, en el País Vasco existe una ayuda denominada Renta de Garantía de Ingresos que otorga el Servicio Vasco de Empleo y que concede entre 682 y 1.047 euros a inmigrantes que lleven un mínimo de 3 años empadronados en cualquier municipio de esa comunidad autónoma. Esta ayuda puede completarse con otros 250 euros de ayuda para el alquiler.
También en Andalucía, donde el paro alcanza niveles dramáticos por encima del 30%, existe una Renta de Garantía de Ingresos que recibe el nombre de Ingreso Mínimo de Solidaridad y que oscila entre los 406 y los 655 euros al mes.
Por otro lado se encuentran las ayudas a la natalidad encubierta que todas las comunidades autónomas dan a los inmigrantes que tienen sus hijos en España. Una ayuda que hace años que desapareció para las familias españolas otorga entre 100 y 300 euros al mes por cada hijo de extranjero no comunitario que nace en España. La explicación es la de evitar que caigan en la exclusión social. En España hay casi medio millón de menores de 16 años que reciben estas ayudas.
Otra de las medidas contra la exclusión social y para evitar el fracaso escolar entre los menores inmigrantes es el pago a sus padres de una cantidad de dinero para que permanezcan escolarizados hasta los 16 años. De esta manera, además de la educación gratuita en el sistema público de enseñanza, reciben un complemento por asistencia al colegio. Y ni que decir tiene que la población extranjera acapara las ayudas para libros y comedor escolar que otorgan las comunidades autónomas que oscilan entre los 50 y 100 euros al mes. El 28,7% del total nacional recae en familias que no son españolas y que suponen poco más del 10% del total de la población.
En la mayoría de los casos no son excluyentes y pueden optar a varias de ellas. De esta manera, entre Rentas de Garantía de Ingresos, ayudas escolares, ayudas a la natalidad, becas de libros y comedor…. Los extranjeros en España reciben ayudas que les permiten vivir sin necesidad de trabajar y sin tener que cotizar.
Pero no acaban aquí sus privilegios. Existen convenios del Estado Español con países como Marruecos que permiten que las prestaciones por desempleo se cobren en sus países de origen, sin necesidad de estar apuntados a la demanda activa de empleo, imprescindible para los españoles que necesitan cobrar el paro y que les obliga a no moverse de su municipio de residencia mientras estén en esta situación.
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