La comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha descartado cualquier posibilidad de alivio fiscal para las centrales nucleares españolas, postura que ha reafirmado recientemente en una carta dirigida a las presidentas autonómicas de Madrid y Extremadura. En su escrito, fechado tan solo unos días antes del gran apagón del 28 de abril, Ribera fue tajante: reducir las cargas fiscales a este tipo de instalaciones implicaría incurrir en una ayuda de Estado contraria a las normas comunitarias, al suponer una ventaja económica que no disfrutarían otros operadores del mercado energético.
La misiva, que ahora ha salido a la luz a través del diario El País, subraya que esa hipotética rebaja impositiva violaría el principio de competencia justa al favorecer exclusivamente a los productores de energía nuclear. Ribera, que anteriormente fue ministra para la Transición Ecológica en España, ya había endurecido el marco regulatorio el año pasado con un aumento del 30% en la contribución que las plantas deben abonar al fondo de Enresa, el organismo responsable de gestionar los residuos atómicos y de preparar el proceso de clausura de las instalaciones.
Esta subida vino motivada por la decisión del Gobierno español, en 2022, de renunciar al desarrollo de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), un proyecto aprobado en su día bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y respaldado por unanimidad en el Congreso. Al eliminar esta opción, el nuevo plan de residuos —el séptimo ya— obliga a cada central a adaptar sus propios almacenes temporales para albergar los desechos hasta que, en un futuro aún lejano, se construya el Almacén Geológico Profundo previsto para su almacenamiento definitivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también dejó clara su postura este miércoles durante su intervención en el Congreso de los Diputados. Criticó con dureza a los propietarios de las centrales nucleares, a los que calificó como «ultraricos», y rechazó de plano cualquier posibilidad de aplicar rebajas fiscales al sector.
Sara Aagesen, actual ministra para la Transición Ecológica, ha reiterado en varias apariciones públicas su respaldo a esta línea dura. Desde el apagón eléctrico de finales de abril, Aagesen ha defendido la solidez del modelo vigente y la necesidad de mantener la presión regulatoria sobre las centrales, incluso ante una eventual prórroga de su vida útil.
Sin embargo, desde el sector nuclear la respuesta ha sido de perplejidad. Las empresas del ramo consideran que, si el Gobierno plantea extender la actividad de las centrales más allá del calendario actual de cierre, debería también contemplar un ajuste proporcional en las tasas, dado que habría más años para distribuir el coste del desmantelamiento. Pese a ello, por ahora el Ejecutivo se muestra inflexible y mantiene su hoja de ruta sin cambios.
