La posible designación de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva está rodeada de numerosos interrogantes, no sólo por las tensiones políticas en Bruselas, sino también por los frentes judiciales que se le abren en España relacionados con su gestión durante la DANA que asoló Valencia. De confirmarse su nombramiento, Ribera perdería su aforamiento en España al cesar como ministra, lo que podría complicar su situación frente a las querellas presentadas —según adelanta Abc—.
En España, el Tribunal Supremo está analizando varias iniciativas judiciales que involucran a Ribera. Por un lado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha solicitado a la Fiscalía y la Abogacía del Estado informes sobre la admisión de un recurso por inacción del Gobierno durante la catástrofe. Por otro lado, la Sala de lo Penal está valorando la admisión de querellas presentadas por VOX, Iustitia Europa y Manos Limpias, que buscan atribuir responsabilidades a Ribera como una de las principales figuras implicadas.
El precedente de Salvador Illa, exministro de Sanidad, sirve como ejemplo de lo que podría suceder. Illa perdió su aforamiento cuando dejó el Gobierno y se convirtió en diputado del Parlament de Cataluña, lo que trasladó una causa relacionada con mascarillas no homologadas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Si Ribera cesa como ministra, sus querellas podrían pasar del Supremo a los juzgados de instrucción correspondientes, un cambio que podría alterar el curso de los procedimientos.
El panorama en Bruselas tampoco es sencillo. Durante su comparecencia ante el Parlamento Europeo, la portavoz del PP, Dolors Montserrat, planteó directamente si Ribera estaría dispuesta a «dimitir si se ve involucrada judicialmente» para no comprometer a Ursula von der Leyen ni al Colegio de Comisarios. Este enfrentamiento refleja el choque político entre populares y socialistas por su posible nombramiento.
Si Ribera es nombrada comisaria, obtendría inmunidad, pero esta se limitaría a los actos realizados en el ejercicio de sus funciones como vicepresidenta de la Comisión Europea. «La inmunidad no cubre hechos previos a su nombramiento como comisaria», explican fuentes comunitarias, lo que deja abiertas las puertas a que enfrente procesos judiciales en España relacionados con su etapa como ministra de Transición Ecológica.
La pérdida del aforamiento que acompaña su salida del Gobierno implica, según fuentes jurídicas, que Ribera podría ser investigada en cualquier juzgado de guardia por actos vinculados a su cargo. Solo si un juicio oral ya estuviera abierto, el Supremo mantendría la competencia. Este principio general ha sido aplicado anteriormente y podría afectar directamente a la exministra.
La incertidumbre sobre su futuro judicial y político se suma al contexto de polarización en Bruselas, donde su designación depende de un delicado equilibrio de poder entre los principales grupos políticos. En este escenario, el destino de Teresa Ribera como figura clave en la Comisión Europea está más en duda que nunca.
