Inspección de Trabajo ha fallado por segunda vez a favor del productor Nacho Cano y ha descartado irregularidades en la situación de los jóvenes mexicanos que participaron en su espectáculo Malinche. Según un nuevo informe, estos participantes fueron considerados alumnos en formación y no empleados encubiertos, lo que excluye una relación laboral que requiriera alta en la Seguridad Social.
El documento, remitido recientemente al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, reafirma las conclusiones del primer informe emitido meses atrás: no se han identificado elementos suficientes que indiquen una vinculación laboral con la productora. En concreto, se señala la ausencia de características como retribución, dependencia o subordinación directa, típicas de una contratación laboral.
Este segundo dictamen fue solicitado por la magistrada que instruye el caso, Inmaculada Iglesias, tras considerar que el análisis previo había sido incompleto. La jueza buscaba clarificar si las actividades de los becarios en el musical podían encubrir una contratación ilegal. No obstante, el nuevo análisis del Ministerio de Trabajo mantiene la misma línea argumental: los implicados actuaban en calidad de estudiantes, no como trabajadores por cuenta ajena.
Cano fue arrestado brevemente en julio de 2023 y después quedó en libertad provisional. Él y tres colaboradoras fueron señalados por presunta vulneración de derechos laborales e infracciones vinculadas a extranjería. Las acusaciones se centran en la supuesta utilización de visados de estudiante para permitir la entrada de bailarines mexicanos que luego participaron en el espectáculo.
El entorno legal del productor siempre ha defendido que los participantes llegaron a España como parte de un programa formativo impulsado inicialmente por la Casa de México. En un primer momento, se ofrecieron becas para tres personas, pero Cano amplió esa cifra a una veintena tras gestionar nuevos apoyos de patrocinadores, con la idea de expandir su musical a México, donde ya se ha estrenado oficialmente el 28 de marzo.
La formación fue gestionada a través de la colaboración con Jana Escuela Internacional de Artes Escénicas, una entidad educativa especializada, que habría facilitado la tramitación de permisos como centro asociado. Muchos de los becarios, según sus abogados, ingresaron a España como turistas y comenzaron los trámites de visado en los 90 días que la Ley de Extranjería permite para ese fin.
El informe más reciente subraya que el tipo de formación no conducía a una titulación oficial y, por tanto, no implicaba obligación de alta en la Seguridad Social. Asimismo, los inspectores realizaron entrevistas in situ tanto a los estudiantes como a trabajadores ya desvinculados del musical, y en ambos casos las versiones apuntaban a una participación limitada de los becarios y sin efectos sobre el empleo de la plantilla profesional.
