Antes de las 6:00 horas todos los colegios tienen que estar desalojados.
La orden del mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero, es que este domingo en cumplimiento del mandato judicial se requisen urnas, censo y papeletas en los colegios electorales y se cierren para evitar el referéndum ilegal que el secesionismo prevé celebrar.
Una patrulla uniformada compuesta por dos agentes acudirá a cada uno de los colegios, y que el caso de que haya personas concentradas que impidan el acceso a la Policía lo harán constar en acta. Antes de las 6:00 horas todos los colegios tienen que estar desalojados.
El mayor de los Mossos ha insistido en que la actuación de los agentes deberá basarse en los principios de «congruencia, oportunidad y proporcionalidad» y que deberá imperar la «contención y mediación» para contribuir a facilitar «el mantenimiento de la paz social y la convivencia». «En todos los casos, antes de adoptar ninguna resolución que comporte el uso de la fuerza, se deberá tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias de una posible intervención policial, evitando generar un mal mayor que el que se trata de evitar, especialmente cuando entre las personas concentradas haya presencia de menores, ancianos u otros colectivos vulnerables», alega.
Según las directrices de Trapero, si hubiese personas concentradas en el exterior o el interior de los colegios que impidiesen el acceso de la dotación policial o no permitiesen que los agentes pudieran identificarles, lo tendrían que comunicar a la sala de mando, detallando el número de personas, su actitud y, especialmente, si hay menores, ancianos o colectivos vulnerables.
En función del número de personas concentradas, el estado de la situación y la presencia o no de personas responsables en los colegios con los que se pueda o no dialogar, los Mossos activarían más recursos de seguridad ciudadana y de mediación y, si los efectivos de orden público propios no fueran suficientes, se valoraría la activación de recursos de otros cuerpos, como Policía Nacional y Guardia Civil, como prevé la orden del TSJC.
El jefe de la Policía Autonómica ha ordenado en este sentido limitar el uso de la fuerza ante las personas que puedan ejercer resistencia pasiva y que, ante estas conductas, no se use la porra policial.
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