Tres menas tutelados por la Generalidad de Cataluña han convertido en un infierno la vida de los vecinos de Dosrius, un pequeño municipio de apenas 6.000 habitantes en la provincia de Barcelona. El centro, gestionado por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) se ha visto obligado a trasladar a los jóvenes ante el clima de inseguridad que ha generado su presencia. La situación ha vuelto a poner en el foco a este organismo, controlado por ERC, y salpicado por escándalos de corrupción y prostitución infantil.
El detonante de la indignación vecinal ha sido un robo con navaja, a plena luz del día, a tres niños de entre 11 y 13 años. Durante el asalto, uno de los agresores llegó incluso a realizar tocamientos a una de las víctimas. El suceso ha desencadenado una recogida masiva de firmas para exigir medidas urgentes. La Consejería de Derechos Sociales ha tenido que intervenir el albergue Mas Silvestre, gestionado por la DGAIA desde 2017, tras reconocer que el centro representa un «foco constante de problemas».
Los tres menores, de origen magrebí, protagonizaban robos y agresiones con total impunidad. Su comportamiento agresivo e intimidatorio había generado miedo entre los más jóvenes del municipio y una honda preocupación en el resto del vecindario.
Desde la Consejería se ha anunciado ahora una reducción de plazas y el refuerzo de personal en el centro. También aseguran que, tras el traslado de estos menores, «no hay una situación problemática» en el albergue. Unas declaraciones que contrastan con años de quejas vecinales silenciadas por motivos ideológicos.
El caso de Dosrius es sólo la punta del iceberg. El modelo de tutela de la DGAIA —organismo encargado de proteger a menores en situación vulnerable, incluidos ilegales— está bajo sospecha. No sólo por su nula eficacia, sino por las numerosas irregularidades detectadas en su gestión. Según la Sindicatura de Cuentas, entre 2016 y 2020 se adjudicaron contratos de forma opaca a entidades controladas por personas vinculadas a ERC, se repartieron ayudas a jóvenes que no cumplían los requisitos y se ha demostrado una preocupante falta de supervisión sobre los tutelados. La red de prostitución infantil destapada recientemente ha acabado de destapar una estructura completamente fallida.
Durante años se ha intentado tapar todo esto con el pretexto de no «alimentar el racismo». Pero la realidad ya no se puede esconder: algunos de estos centros son un problema de seguridad pública. Y los ciudadanos, los únicos que lo sufren.
