El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un fondo de 100 millones de euros por los costes derivados del traslado de menores extranjeros no acompañados (menas). Lo ha hecho a través del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, con el pretexto de garantizar «el interés superior de la infancia” ante lo que califican de «contingencias migratorias extraordinarias».
La ayuda irá destinada a cubrir los gastos por «sobreocupación» en centros de acogida y por los traslados de estos menores entre territorios. No obstante, el propio Ejecutivo admite que desconoce en la actualidad el número, la edad y la procedencia exacta de los menas que serán redistribuidos por el país.
Según la respuesta remitida por el Gobierno a VOX, entre el 1 de julio de 2018 y el 28 de febrero de 2025 han entrado 27.891 menas en España. De ellos, 15.730 siguen inscritos a día de hoy en el registro oficial. En cambio, el Ejecutivo reconoce que no se contabiliza cuántos han alcanzado ya la mayoría de edad, por lo que no hay seguimiento real de la evolución de estos casos.
El Ejecutivo tampoco aclara como se va a realizar exactamente la distribución de estos menores. Apunta que se regirá por criterios automáticos fijados por el propio Gobierno en caso de no haber acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial de Infancia. Entre ellos figuran la población de cada comunidad, la renta per cápita, la tasa de paro, la dispersión poblacional, el número de plazas de acogida o la insularidad. En algunos casos, como Melilla o Baleares, se aplicarán ponderaciones negativas por su situación específica.
A pesar de la magnitud de los fondos públicos destinados al reparto, el Gobierno tampoco ha detallado la capacidad actual de acogida por comunidades. Solo reconoce que la «capacidad ordinaria» se calcula en función de la población regional y del total de plazas registradas, mientras que la «capacidad extraordinaria» se activa cuando esa ocupación se triplica.
