«Me agredió, me llamó guarra y me amenazó con matar a mi hijo». El testimonio de Alicia —nombre ficticio por motivos de seguridad— retrata con crudeza el deterioro extremo de la autoridad en las aulas y la impunidad con la que actúan algunos menores, incluso cuando existen denuncias policiales reiteradas.
Según reporta ABC, Alicia es profesora de Educación Física en un instituto público de un barrio madrileño. Desde hace dos años vive con miedo. Su teléfono bloquea llamadas de números desconocidos tras recibir amenazas directas contra su hijo de tres años por parte de un alumno al que denunció hasta en cuatro ocasiones ante la Policía. La respuesta institucional, sin embargo, fue mínima: 50 horas de talleres socioeducativos.
El origen del acoso se remonta a cuando un alumno de segundo de la ESO descubrió el perfil de la docente en redes sociales, donde compartía contenidos relacionados con danza y expresión corporal. A partir de ahí, comenzó una campaña de difamación y hostigamiento: rumores sexuales, montajes fotográficos, mensajes vejatorios y amenazas reiteradas. El menor —de 17 años, origen marroquí y entorno socioeconómico bajo— difundió incluso falsos mensajes en grupos de WhatsApp acusando a profesores del centro de abusos a menores.
Pese a una primera expulsión temporal en junio de 2024, el acoso no sólo continuó, sino que se intensificó durante el verano. Mensajes obscenos, amenazas veladas y perfiles falsos se sucedieron durante meses. A su regreso al centro, las agresiones pasaron del plano verbal al físico. El alumno la empujó y la golpeó en una escalera del instituto. Alicia no respondió. «Como docente no puedes defenderte», relata.
La situación alcanzó un punto límite cuando el menor empezó a amenazar explícitamente a su hijo. Fotografías del coche de la profesora, mensajes anunciando vigilancias y amenazas de muerte cruzaron una línea que, pese a todo, no derivó en una respuesta penal contundente.
El caso no es aislado. Un reciente macroestudio del sindicato STEs-I, basado en más de 13.000 encuestas a docentes de la enseñanza pública, revela que el 83% de los profesores percibe un aumento de las agresiones verbales y físicas en las aulas. Sin embargo, la mayoría de los casos no trascienden por miedo, desgaste psicológico o falta de confianza en el sistema.
«Hemos normalizado que nos insulten, nos empujen o nos amenacen», denuncia Alicia. «Pero cuando el Estado no protege ni siquiera a nuestros hijos, algo se ha roto». La docente tuvo que cogerse una baja médica durante meses y hoy vive pendiente de que su acosador cumpla la mayoría de edad para sentir, al menos, un mínimo de seguridad.
El debate sobre la responsabilidad penal de los menores vuelve a escena. Sindicatos policiales como SUP y Jupol denuncian que la legislación actual está desfasada y genera impunidad, especialmente en menores de 14 años. Alicia lo tiene claro: «La situación en las aulas está explotando».
