El centro de menores migrantes no acompañados (menas) de Fortaleza IV (Fuerteventura) permite salidas con familiares que residen en el mismo municipio mientras los menores continúan bajo la tutela del sistema público y generando gasto diario a cargo del Gobierno de Canarias. Así lo acreditan mensajes internos del personal del centro y una investigación difundida por el usuario de X conocido como CanarioToday.
Según la documentación aportada, correspondiente a comunicaciones internas de coordinación del centro, se programan salidas familiares organizadas por la ONG gestora, Quorum Social 77. En uno de los mensajes puede leerse: «Salida con familia: Mohamed L. Todo en orden», y, más adelante, «Llegada de la salida familiar: Mohamed L.», lo que confirmaría tanto la autorización como el control del desplazamiento.
En otra comunicación dirigida al personal, se detallan instrucciones extraordinarias de vigilancia para la franja horaria comprendida entre las 21.00 y la hora en que los menores se acuestan, con especial supervisión en baños, habitaciones y pasillos, además del refuerzo de turnos con hasta diez educadores. El mensaje insiste en evitar cualquier fallo con motivo de la llegada de más menores.
Lo más relevante del caso, según la investigación difundida, es que los familiares con los que se autorizan estas salidas residen en el mismo municipio, Puerto del Rosario, lo que cuestiona el criterio de «no acompañados» bajo el que los menores continúan en el sistema. Pese a estos contactos familiares directos, los menores regresan posteriormente al centro y siguen computando como tutelados por la administración.
Cada plaza en este tipo de centros supone un coste aproximado de 90 euros diarios por menor, financiados con fondos públicos autonómicos. Esto implica que, incluso cuando existen familiares localizados y con residencia estable en España, el menor continúa siendo mantenido con dinero público sin modificación de su situación administrativa.
Esta nueva revelación se suma a otra difundida por la misma fuente la semana anterior, cuando se denunció que en otro centro de Canarias se permitían visitas de padres magrebíes que acudían a ver a sus hijos y se marchaban dejándolos nuevamente bajo la tutela del Estado. Ahora, según esta investigación, el sistema iría más allá, permitiendo incluso salidas programadas con familiares que viven de forma permanente en España.
Hasta el momento, ni la ONG Quorum Social 77 ni el Gobierno de Canarias han emitido una respuesta pública sobre estas prácticas concretas. Las revelaciones vuelven a abrir el debate sobre los criterios de tutela, el control del gasto público y la gestión real de los centros de menas en el archipiélago.
