La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias dos nuevas instalaciones militares para la acogida de los inmigrantes ilegales menores y ha dejado la puerta abierta a ceder más instalaciones.
Hace tan sólo año y medio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había anunciado que esas instalaciones las pondría en venta Defensa para la construcción de vivienda pública, ya que el cuartel llevaba inoperativo desde hacía años. Cuenta con una superficie total de 18.563 metros cuadrados, repartidos en dos propiedades de 17.063 y 1.500 metros cuadrados respectivamente, con diferentes edificaciones en cada una. También se especificó que la calificación del solar estaba pendiente.
La idea del Gobierno dio un giro hace tan sólo dos meses, cuando aprobaron una partida de dos millones del convenio con el Ministerio de Defensa para, finalmente, construir un centro sociosanitario. «Se ha tomado la determinación de que dichos terrenos tengan un uso sociosanitario y, por lo tanto, esa cuantía se traspasa al área de Acción Social», anunció el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez.
Ahora, Robles ha asegurado que «el Ministerio ha entregado todas las instalaciones militares que están sin utilizar a Canarias ya hace dos o tres años» y ha destacado el apoyo del Estado a las islas en la tutela de los menores porque «es un problema terrible que nos afecta a todos y no podemos dejar solas a Canarias, Ceuta y Melilla».
Esta decisión adelantada por el diario Canarias7 viene influida por la presión de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), presidente de la región que había amenazado con prohibir la entrada irregular a su territorio si no se sentían amparados por el Gobierno de España tras meses de constantes desaires. De hecho, Clavijo ha indicado que durante su conversación, la ministra le expresó no sólo su colaboración para la primera acogida sino su compresión con que «Canarias no puede afrontar sola la presión inmigratoria y precisa de la distribución de menas por todo el territorio nacional».
