Un informe europeo ha puesto en el punto de mira al Gobierno de Pedro Sánchez por su posición sobre la privacidad digital: España estaría impulsando medidas que permitirían debilitar el cifrado de extremo a extremo, alineándose con modelos propios de regímenes autoritarios como China, según recoge Ok Diario.
El documento, elaborado por la red de organizaciones civiles Liberties y financiado por la propia Unión Europea, advierte de que el Ejecutivo español defiende que las plataformas puedan desactivar el cifrado en los servicios de mensajería, una herramienta clave que garantiza que sólo emisor y receptor puedan leer los mensajes.
Esta postura situaría a España entre los países más hostiles a la privacidad dentro de la UE, según el informe, que subraya que otros Estados como Alemania, Finlandia o Países Bajos han mostrado importantes reservas ante este tipo de iniciativas.
El cifrado de extremo a extremo es considerado uno de los pilares de la seguridad digital. Su debilitamiento, alertan los expertos, expondría a periodistas, activistas y víctimas de violencia a riesgos graves, al permitir potencialmente el acceso a sus comunicaciones privadas.
De hecho, el propio Supervisor Europeo de Protección de Datos ha advertido de que estas medidas podrían comprometer derechos fundamentales, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que debilitar el cifrado vulnera el derecho a la intimidad.
Las organizaciones firmantes del informe van más allá y denuncian que este enfoque abre la puerta a un sistema de vigilancia masiva. «Se está utilizando la protección de los menores como excusa para justificar mecanismos de control similares a los de China», critican.
Además, expertos tecnológicos cuestionan la viabilidad de las soluciones planteadas por Bruselas y respaldadas por el Gobierno español. Según sostienen, no existe tecnología capaz de escanear comunicaciones privadas sin romper el cifrado, lo que implicaría necesariamente una reducción de la seguridad global del sistema.
El informe recuerda que propuestas anteriores en esta línea ya fueron rechazadas en el Parlamento Europeo por su impacto sobre los derechos fundamentales. Sin embargo, con la nueva presidencia del Consejo de la UE, el debate ha sido reactivado con modificaciones que los críticos califican de «cosméticas».
En este contexto, la posición del Gobierno de Sánchez reabre el debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertad en Europa, con crecientes advertencias sobre el riesgo de avanzar hacia un modelo de control digital incompatible con los principios democráticos.
