Un inmigrante ilegal fue condenado a 31 años de prisión por una sucesión de delitos extremadamente graves cometidos en un comercio del centro de Santa Cruz de Tenerife, tras un ataque prolongado y de violencia extrema contra una mujer de 60 años. La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial y confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, considera plenamente acreditados los hechos y descarta cualquier atenuante.
Los jueces dieron por probado que el acusado actuó con pleno control de la situación durante más de una hora, manteniendo a la víctima retenida contra su voluntad y sometiéndola a agresiones sexuales reiteradas, amenazas, golpes y actos de intimidación constantes. La resolución judicial subraya la brutalidad desproporcionada del ataque y la ausencia total de consentimiento en todo momento.
Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del 4 de enero de 2023. La víctima había accedido a su lugar de trabajo poco después de las seis y media, como hacía habitualmente. Un hombre la siguió hasta el interior del edificio y, nada más entrar en el local, la empujó, le quitó las llaves y cerró la puerta desde dentro, dejándola completamente incomunicada.
Durante el encierro, el agresor empleó una violencia constante y metódica. Según la sentencia, no se trató de un episodio aislado ni impulsivo, sino de una secuencia prolongada de agresiones sexuales con penetración, intercaladas con golpes, tirones de pelo, intentos de estrangulamiento y amenazas que anularon cualquier posibilidad de huida. Cada intento de escapar fue frustrado mediante la fuerza.
Parte de lo ocurrido quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y del edificio, lo que permitió a los investigadores reconstruir con precisión la cronología, la duración del encierro y los movimientos del agresor. A ello se sumaron pruebas de ADN, huellas dactilares, el testimonio coherente y persistente de la víctima y la recuperación de los objetos robados en el momento de la detención.
El agresor abandonó el comercio pasadas las siete y cuarenta de la mañana. Antes de marcharse, sustrajo una pequeña cantidad de dinero, las llaves del establecimiento y los zapatos de la mujer, y realizó un gesto amenazante simulando un degollamiento. Minutos después, la víctima pudo pedir ayuda. Fue encontrada en estado de shock, con múltiples lesiones físicas, y trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Canarias.
Aunque no fue ingresada, requirió un seguimiento médico y psiquiátrico prolongado. Con el paso del tiempo desarrolló un trastorno de estrés postraumático severo que derivó en el reconocimiento de una incapacidad laboral permanente.
El agresor fue localizado y detenido poco después, cuando se dirigía tranquilamente hacia una parada de tranvía con la intención de regresar al centro de acogida en el que se alojaba, en La Laguna. En el momento del arresto llevaba consigo los efectos sustraídos. Tenía 24 años, era de nacionalidad marroquí y había llegado a España apenas tres días antes a bordo de un cayuco que desembarcó en Lanzarote.
Tras su identificación, había sido trasladado al centro de inmigrantes de Las Raíces, en Tenerife. La agresión se produjo en la madrugada del cuarto día desde su llegada, un dato que fue tenido en cuenta en la investigación, aunque los tribunales dejaron claro que lo determinante del caso fue la duración del ataque y el nivel de violencia empleado.
La defensa recurrió la condena alegando consumo de sustancias, cuestionando la continuidad delictiva y las secuelas de la víctima, pero el Tribunal Superior rechazó todos los argumentos. La Sala confirmó que el acusado era plenamente consciente de sus actos y estableció que deberá cumplir la mayor parte de la pena antes de que pueda plantearse una eventual expulsión del país.
Fuentes policiales especializadas en delitos contra la libertad sexual subrayaron que este tipo de crímenes no guardan una relación directa con la nacionalidad ni con los flujos migratorios, y advirtieron contra las generalizaciones. La sentencia, remarcan, no borra el daño causado, pero fija una responsabilidad penal clara y evita que los hechos se diluyan en explicaciones simplistas que no ayudan a prevenir futuras agresiones.
