El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dado inicio a una causa penal por presunto homicidio imprudente contra tres altos cargos: la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), María José Rallo del Olmo; el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Comunidad Valenciana, Ángel Javier Montero; y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Este procedimiento surge de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que acusa a estas autoridades de graves fallos en la gestión previa y durante el paso de la DANA.
La denuncia, recogida por The Objective y firmada por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, detalla una serie de supuestos errores de las instituciones responsables. Según el sindicato, mientras expertos internacionales advertían sobre los riesgos que traería la DANA, la preparación y respuesta de las autoridades fue insuficiente. Un punto clave de la acusación se centra en el retraso de las alertas a la población: aunque la Aemet emitió una alerta roja a las 8:00 del 28 de octubre, el primer aviso oficial a través del sistema ES-Alert no llegó hasta pasadas las 20:00 horas. Este mensaje inicial pedía evitar desplazamientos, pero un segundo aviso más contundente, recomendando permanecer en casa, no fue enviado hasta las 20:10.
Además, Manos Limpias critica que los mensajes no alcanzaron a toda la población afectada, dejando expuestas a numerosas personas que podrían haber tomado medidas de protección de haber recibido la información a tiempo.
El sindicato extendió la denuncia el 5 de noviembre, incorporando al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. Según el documento, la CHJ no activó las medidas de emergencia a tiempo a pesar de contar con herramientas como el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), diseñado para prever crecidas y alertar sobre posibles inundaciones.
El SAIH, que dispone de estaciones de aforo en áreas críticas como la rambla del Poyo, no reportó el aumento del caudal con suficiente antelación. De hecho, según Manos Limpias, la CHJ informó a las 15:50 de que el caudal era bajo, y no actualizó esta información hasta las 18:43, cuando la situación ya era alarmante. Además, el sindicato señala que, aunque la CHJ dispone de un presupuesto de 58,2 millones de euros, sólo destinó 1,1 millones a infraestructuras preventivas, mientras que invirtió más de 8 millones en pagos al personal.
La denuncia, amparada en los artículos 142, 152 y 267 del Código Penal, acusa a los responsables de delitos de homicidio imprudente, lesiones graves y daños por negligencia. También señala que la decisión de presentar esta acción legal se tomó tras constatar la pasividad de la Fiscalía, que no inició una investigación de oficio, a pesar de la magnitud de los hechos.
