El Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona ha admitido una querella de la inmobiliaria Junimo 2005, SL contra la alcaldesa, Ada Colau, y su equipo de gobierno por coacción municipal por abrir un expediente a la inmobiliaria por no ofrecer un alquiler social a un hombre al que iba a desahuciar 2021.
La nueva acción legal acusa a Colau, a la concejal de Vivienda, Lucía Martín, y a tres funcionarias más de coacciones y otros tres delitos por el expediente abierto y archivado a la inmobiliaria por intentar desahuciar a un hombre vulnerable en 2021.
A la empresa también se le abrió un expediente sancionador por una vivienda de uso turístico «ilegal» en el Distrito de Gràcia, que también fue archivado tras las alegaciones presentadas por la propiedad.
El juzgado instructor ha solicitado el expediente del desahucio en el juzgado civil que lo ordenó, y al Distrito de Gràcia el sancionador sobre la vivienda de uso turístico ilegal para decidir «a cuales de los querellados cita a declarar como investigados».
Las mismas fuentes municipales han destacado que la abogada que ha presentado esta querella es la misma que representa al fondo de inversión Vauras, que puso una querella contra la alcaldesa por prevaricación y coacciones para que dieran en alquiler social pisos de su propiedad, entre ellos el Bloc Llavors, que estaban ocupados por familiar vulnerables.
