Andalucía se ha convertido en una de las principales puertas de entrada para la inmigración ilegal en España en el último lustro, un fenómeno que genera graves preocupaciones en términos de seguridad y orden público.
La región ha recibido desde 2019 casi 70.000 inmigrantes ilegales, lo que representa una media anual de aproximadamente 11.667 llegadas por la vía de la ilegalidad. Esta cifra sitúa a Andalucía como una zona de recepción media en comparación con otras regiones españolas, pero con la particularidad de que un alto porcentaje de estos inmigrantes proviene de Marruecos y el norte de Argelia, países conocidos por sus políticas de indultos masivos a condenados a prisión y por el flujo de perfiles cada vez más problemáticos.
Aunque en los últimos dos años se ha observado un descenso en el número de llegadas —coincidiendo con un desplazamiento de rutas hacia Canarias—, en lo que va de 2025 ya se han registrado casi 3.000 inmigrantes ilegales, consolidando a Andalucía como una de las áreas con perfiles más preocupantes en toda España. Esta situación no solo sobrecarga los recursos locales, sino que plantea serios riesgos para la sociedad, como revela en exclusiva a LA GACETA un agente de la Policía Nacional destinado en las costas andaluzas y en la recepción de estos flujos migratorios.
El agente, con experiencia directa en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), describe un panorama inquietante que va más allá de los datos oficiales. «Hay pruebas visibles y verbales», afirma, refiriéndose a las marcas físicas que delatan el pasado violento entre muchos de los llegados. «Se nota cuando los ves en las duchas: llevan cicatrices, cortes, incluso heridas de bala en un brazo o en la pierna. Algunos tienen tatuajes paramilitares». Estas señales, según la policía, no son accidentales, sino indicios claros de individuos con historiales delictivos o vinculados a organizaciones criminales. Además, al llegar indocumentados, «pueden llamarse como quieran», lo que complica su identificación y facilita la infiltración de presos liberados mediante indultos en países como Marruecos.
La agresividad es otro aspecto que resalta con alarma. «Que están saliendo de la cárcel ya lo sabemos, porque vienen cada vez más agresivos al CATE. Hay más problemas en las recepciones, incluso enfrentamientos con Cruz Roja, que eso ya es lo último». El comportamiento de estos inmigrantes ilegales dista mucho del de quienes buscan una oportunidad honesta: «Se notan las miradas, el comportamiento. Llega uno en una patera de 20 y es el que controla a todos, el que dirige. Ese no es el típico que viene a emigrar, sino un delincuente o uno de los que han sacado de prisión«. El agente enfatiza que estos individuos «buscan provocar», lo que ha derivado en «varios altercados» y «compañeros de baja». Esta dinámica de dominación grupal sugiere experiencia en entornos carcelarios o mafiosos, agravando la inseguridad en los centros de recepción.
El perfil predominante es el de marroquíes y argelinos, que representan «el 95% de los que vienen aquí». «Van a peor, sobre todo los argelinos y marroquíes», insiste el policía, quien menciona que de vez en cuando aparecen sirios o asiáticos, pero en minoría. Muchos son menores en el límite de la edad —«16, 17, 18 años»—, algunos incluso mayores que se hacen pasar por menores para beneficiarse de los sistemas de tutela. Otro detalle revelador es el dinero que traen consigo: «Traen mucho dinero, unos cien, doscientos, cuatrocientos euros; otros mil. Hace unas semanas, uno con siete u ocho mil euros». Esto contrasta con las pateras «normales» de hace una década, sugiriendo que se trata de redes organizadas y no de inmigración por necesidad extrema. «Esto es otra cosa», concluye el agente, subrayando que no se parece a la inmigración de antaño.
Lo más grave, según esta fuente exclusiva, es la opacidad de Interior en cuanto a datos de carácter interno. El Ministerio «lo tiene todo oculto» y «no está por la labor de facilitar nada». Los datos internos sobre pateras no se actualizan desde 2022 o 2023, y las entrevistas confidenciales —que confirman estos perfiles problemáticos— se envían a Frontex o a brigadas de investigación sin transparencia pública. «El Ministerio se preocupa mucho de que esto no salga a los medios, porque con todos los escándalos que tienen, si encima sale esto…». Esta falta de información oficial agrava el problema, dejando a las fuerzas de seguridad y a la sociedad expuestas a riesgos innecesarios.
