Un turista francés ha experimentado uno de los problemas derivados con los coches eléctricos y sus complejos procesos de carga. Su paso por Madrid terminó con una factura completamente desorbitada: más de 1.195 euros por cargar su vehículo en una estación de servicio. El incidente, ocurrido durante una escapada navideña, ha terminado por convertirse en una pesadilla administrativa y financiera que ahora amenaza con llegar a los tribunales.
Todo comenzó el pasado 25 de diciembre, cuando el pensionista recibió un primer cargo de 71,77 euros correspondiente, según la empresa, a una recarga de poco menos de 19 kWh. Aunque el importe era elevado, el conductor no sospechó nada en ese momento. El verdadero sobresalto llegó días después, cuando se le notificó un segundo cobro de casi 1.124 euros por apenas 10 kWh, una cantidad totalmente fuera de toda lógica para ese consumo. El desglose revelaba un concepto especialmente llamativo: 925 euros en «gastos de conexión».
La empresa argumentó que el vehículo había permanecido enchufado durante doce días ininterrumpidos, lo que supuestamente justificaba la cifra. Sin embargo, el afectado desmintió rotundamente esa versión, alegando que ya no se encontraba en España en esas fechas. A pesar de ello, ni las múltiples llamadas telefónicas, ni los correos, ni las cartas certificadas que envió lograron que la compañía rectificara el cobro.
Tras semanas de gestiones infructuosas, logró finalmente hablar con un representante de la compañía de recarga, quien, lejos de ofrecer una solución, confirmó lo absurdo del cargo pero aseguró que no tenían capacidad para revertirlo. «Sabemos que es anómalo, pero no podemos hacer nada», fue la desconcertante respuesta recibida.
Desesperado y frustrado, el turista ha optado por cancelar su cuenta con la compañía y ha tomado una decisión radical: instalar un sistema fotovoltaico en su vivienda junto a un cargador doméstico para su vehículo, con el objetivo de depender lo menos posible de infraestructuras públicas en el futuro. «Esto ya no es solo por el dinero, es una cuestión de dignidad y justicia», explicó indignado a medios franceses.
El caso ha sido llevado a los tribunales en su país de origen y el afectado no descarta escalar la denuncia a instancias europeas si fuera necesario. Busca, sobre todo, visibilizar lo que considera una muestra clara de abuso por parte de una empresa que, a su juicio, opera sin controles adecuados ni vías efectivas para reclamar.
