La asociación SOS Desaparecidos ha anunciado que emprenderá acciones judiciales contra las administraciones locales, la Comunidad Valenciana y el Gobierno central, acusándolos de negligencia, imprudencia y omisión del deber en la gestión de la tragedia causada por la DANA del pasado octubre. Según Joaquín Amills, presidente de la organización, «es inaceptable que no se alertara a tiempo del peligro, provocando la muerte de 222 personas y la desaparición de otras cuatro».
El equipo legal de la asociación ya ha comenzado a trabajar en este proceso. Está formado por tres abogados, dos expertos en emergencias y dos peritos judiciales, quienes evaluarán las responsabilidades para iniciar las acciones legales pertinentes. Amills subrayó que no buscan beneficios económicos, sino justicia para las víctimas y sus familias. Hasta el momento, 24 familias que perdieron a un ser querido se han unido a la iniciativa.
Según la denuncia de Amills, la tragedia no fue provocada únicamente por el fenómeno meteorológico, sino por una falla en los protocolos de emergencia. «Las víctimas no murieron por la DANA, sino por una riada en zonas donde ni siquiera había llovido, y porque nadie advirtió del peligro», señaló. También recordó que esta no es la primera vez que Valencia enfrenta un desastre similar, «y en 67 años no se han implementado soluciones para evitarlo».
El presidente de SOS Desaparecidos criticó la falta de coordinación y la demora en las alertas, poniendo como ejemplo que algunas muertes ocurrieron alrededor de las 18.00 horas del 29 de octubre, pero las primeras alertas no llegaron hasta las 20:15 horas. «¿Cómo es posible que los sistemas de emergencia no funcionaran a tiempo?», cuestionó.
Durante la crisis, la asociación recibió más de 4.000 llamadas en la primera semana. «El 112 estaba colapsado y las personas, desesperadas, buscaban respuestas», explicó Amills. El equipo de SOS Desaparecidos no solo asistió a las familias, sino que también vivió el dolor y la angustia de quienes se enfrentaban a la incertidumbre.
Amills también cargó contra la actuación política en torno a la DANA, describiéndola como una constante búsqueda de culpables entre las diferentes administraciones. «Los errores de hoy muchas veces son el resultado de errores de ayer. Aquí no hay espacio para improvisaciones. Existen leyes, protocolos y responsabilidades claras que deben cumplirse», enfatizó.
Además, cuestionó por qué los protocolos funcionaron en otras regiones, como Andalucía, pocos días después del desastre en Valencia. «La experiencia estaba allí. No es cuestión de la intuición de un político o un técnico. Se trata de que las normativas se apliquen correctamente desde los ayuntamientos hasta el Gobierno de la nación», afirmó.
