La constructora Aquaterra, señalada en el caso Koldo, multiplicó por 40 su facturación en sólo cinco años, coincidiendo con el mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según datos mercantiles consultados por The Objective, la empresa pasó de ingresar 754.647 euros en 2018 a 32,4 millones en 2023, con un crecimiento continuado.
Fuentes del sector han expresado sus sospechas sobre el elevado número de contratos públicos que recibió Aquaterra, especialmente en el área de mantenimiento y conservación de carreteras, a pesar de tratarse de una empresa desconocida en el sector. Una situación que también fue mencionada por el empresario Víctor de Aldama durante su declaración ante el Tribunal Supremo el pasado enero.
En su comparecencia, Aldama afirmó que Aquaterra «llegó nueva al Ministerio» y que su propietario había estudiado con el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, aunque destacó como relevante el hecho de que «el hermano de este señor era el delegado de Andalucía de carreteras». Según el investigado, la empresa, sin experiencia ni calificación previa, comenzó a obtener contratos relevantes mediante UTE en el área de conservación viaria.
La web corporativa de Aquaterra ha confirmado la adjudicación de diversos proyectos públicos entre 2019 y 2021, como el mantenimiento de la Autopista AP-7 Cartagena-Vera, obras en carreteras de Almería, La Rioja, Soria, Girona, Pontevedra, y los tramos de Viladecans y Vidreres. Todos estos contratos están relacionados con la conservación de infraestructuras viarias, el área dirigida en ese periodo por Herrero.
