Una oncóloga de 36 años originaria de Andalucía se ha visto privada de su puesto como titular en el hospital de Can Misses, en Ibiza, debido a que no posee una acreditación oficial que certifique su conocimiento del catalán en nivel B2. Este movimiento se ha producido a pesar de haber aprobado la oposición y haber ocupado una plaza fija durante tres años en dicho centro.
El hospital, que antes de la pandemia gozaba de tiempos de espera mínimos y una eficiencia destacada en sus tratamientos oncológicos, ha perdido a la doctora Alicia Quílez, quien cuenta con un largo currículum y una amplia experiencia profesional en varios prestigiosos centros médicos. Es especialista en tumores de mama y ginecológicos, y ha trabajado en lugares como el Presbyterian Hospital de Nueva York, el Royal Marsden de Londres y la Clínica Universidad de Navarra.
A pesar de su dominio del inglés, francés y comprensión del catalán, Quílez fue «excluida» del concurso oposición por no haber presentado la certificación B2 en lengua catalana, según informó el diario ABC. La médico ha criticado duramente esta exigencia, afirmando: «No se puede proteger una lengua a costa de desatender la salud».
Quílez es además oncóloga médica acreditada por la Sociedad Europea de Oncología (ESMO) y forma parte del comité científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). A pesar de su prestigiosa trayectoria y especialización, la doctora no ha podido conservar su puesto debido a la normativa lingüística balear, lo que ha generado un gran debate sobre la relación entre la protección del idioma y las necesidades del sistema sanitario.
Lo más sorprendente es que, según la denuncia de la doctora, las plazas que quedaron vacantes tras su exclusión fueron ocupadas posteriormente por médicos que tampoco han acreditado el nivel de catalán exigido. Actualmente, Quílez se encuentra en el Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne, en Francia, donde está culminando su tesis doctoral.
Estas imposiciones lingüísticas fueron establecidas por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), y tras más de un año en el Ejecutivo apenas han cambiado con Marga Prohens (PP). A principios de 2024, VOX exigió la supresión «inmediata de todas las leyes para acabar con la inmersión lingüística» en Baleares: «Rechazamos que seis meses después de las elecciones sigamos con la inmersión lingüística. VOX no forma parte del equipo de gobierno, aunque creo que es sabido por todos los ciudadanos el inmenso esfuerzo que estamos haciendo para garantizar la libre elección de lengua, pero la decisión final no es nuestra, es del PP», declaró entonces Patricia de las Heras.
En este sentido, consideraron que los populares habían «tiempo suficiente para hacer todo lo que estuviera en sus manos para garantizar los derechos lingüísticos» de las familias y, por tanto, reclamaron más implicación tanto a Vera como a la presidenta de la región, Marga Prohens.
