La única neuropediatra del hospital Can Misses de Ibiza ha anunciado que deja su puesto tras expresar públicamente su rechazo al decreto que establece que los empleados de la sanidad pública que ganen una plaza en las oposiciones verán limitada su movilidad y retribuciones si no saben catalán.
Según publica este jueves el diario El Mundo, Ileana Antón, especialista argentina de 46 años que desde hace cuatro trabajaba en el hospital público ibicenco, se ha despedido porque considera que solo debe ser valorada por su currículum profesional como médico, no por el conocimiento de un idioma.
Un portavoz de la Gerencia de Salud de Ibiza y Formentera ha explicado a Efe que en el preaviso que ha presentado para anunciar su marcha la neuropediatra alude a «motivos personales», sin referirse a su desacuerdo con el futuro decreto de catalán.
La doctora declaró el pasado diciembre a El Mundo que se marcharía por «una cuestión de convicciones» y su abandono dejará en una situación deficitaria el servicio de pediatría de Can Misses, que, como ocurre en otras plazas de la sanidad pública en Ibiza, tiene dificultades para cubrir las vacantes por la futura exigencia de catalán y también por las dificultades de encontrar viviendas de alquiler a precios asequibles en la isla.
La Gerencia de Salud de las Pitiusas ha puesto en marcha el procedimiento para reemplazar a Antón y tratar de compartir con el hospital Son Espases de Palma a algún especialista que pueda desplazarse periódicamente a Ibiza con la finalidad de atender a los pacientes.
Obligatorio saber catalán
El Consejo Consultivo, órgano asesor en materia legal del Gobierno balear, ha emitido un dictámen favorable al proyecto de decreto que regula el conocimiento del catalán en el sector sanitario de las islas, que la Consejería de Salud aprobó con el respaldo del 65% de la representación sindical.
La futura regulación establece que el conocimiento de catalán no será un requisito para poder presentarse a las oposiciones, pero establece obligatoriamente un plazo de dos años para que, aquellos que consigan una plaza, obtengan los certificados exigidos de la lengua cooficial, que son el de nivel B1 (elemental) para médicos y enfermeros y A2 (básico) para auxiliares de enfermería.
El Ejecutivo pactó con la mayoría de la representación sindical sanitaria unos requisitos de conocimiento de catalán menores que los que rigen para el resto de la Administración autonómica, en la que, según la Ley de Función Pública aprobada en 2016, conocer la lengua cooficial propia es un «requisito» para trabajar.
El pasado 18 de febrero, unas 2.500 personas se manifestaron por las calles del centro de Palma para protestar contra el proyecto de decreto que aprobará el Gobierno balear para exigir a partir de este año la acreditación del conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad pública de las islas.
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