En los últimos años, algunos jueces han sentenciado contra aspectos concretos de la política lingüística del Gobierno vasco, fallos que son consecuencia de recursos presentados por ciudadanos, asociaciones y partidos políticos, entre ellos VOX. Y esto ha servido de excusa para la convocatoria de movilizaciones «en defensa del euskera», con la implicación de agentes sociales, de partidos políticos y del propio Gobierno Vasco.
Los magistrados han fallado contra la imposición del conocimiento del euskera para todos los aspirantes a policía local, contra el despido de una trabajadora interina a la que no se podía exigir un perfil lingüístico, y contra la imposición de conocimientos de lengua vasca para ser parte de la plantilla de un organismo autónomo que presta servicio a instituciones vascas.
También, y son las sentencias que más han dolido, el Tribunal Constitucional falló contra la constitucionalidad de un artículo concreto de la Ley vasca de Instituciones Locales y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentenció contra 12 artículos concretos del decreto que la desarrolla.
Estas sentencias han servido de excusa para la convocatoria de una manifestación en Bilbao, en principio por parte de Kontseilua, asociación de entidades que dicen trabajar por la normalización del euskera, pero después también animada por sindicatos nacionalistas y separatistas, a los que finalmente se han sumado partidos políticos como el PNV, EH Bildu y Sumar.
Incluso el presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, ha alimentado esta presión social, política e institucional contra los jueces que han fallado contra la imposición del euskera acusándoles de falta de sensibilidad con la lengua vasca, una cuestión que le ha afeado VOX en el Parlamento Vasco a través de su representante en la Cámara, Amaia Martínez.
Tras recordarle que lo que se está calificando como «ofensiva judicial contra el euskera» es en realidad la imposición de una lengua y la discriminación de otra, el castellano, lo que ha motivado hasta 16 sentencias judiciales, Martínez ha preguntado al lehendakari sobre su «evidente desprecio a la separación de poderes y su implicación en una campaña de acoso a la judicatura en País Vasco«.
Y le ha espetado en el pleno de control que «no hay campaña judicial alguna contra el euskera ni ‘euskarafobia’ ni nada que se le parezca». «Sí hay toda una campaña contra la necesaria independencia de los jueces y contra la separación de poderes, campaña de la que es parte su partido, también su gobierno. La judicatura no está sentenciando contra el euskera sino contra su política lingüística y en defensa de la población castellano-hablante, cuyos derechos se ven vulnerados por ella», ha añadido la diputada de VOX.
Urkullu, como viene haciendo desde hace meses, ha esquivado el fondo del asunto, ha rechazado cualquier crítica contra su política de imposición lingüística y ha respondido con altas dosis de demagogia: «El euskera no está en igualdad de condiciones que el castellano, hoy no se puede celebrar en País Vasco un juicio íntegramente en euskera, en el que todas las partes se relacionen en nuestra lengua».
Amaia Martínez le ha recordado que «todas las instituciones, como no puede ser de otra manera, están sometidas al imperio de la ley y al control de los tribunales de justicia, y ni el Parlamento Vasco ni su Gobierno pueden ser una excepción» y ha lamentado que Bilbao vaya a ser escenario de una masiva manifestación de ciudadanos engañados, movilización alimentada por la gran mentira de la inexistente «ofensiva judicial contra el euskera».
