El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, ha lanzado su primera gran línea de subvenciones por un total de 4,45 millones de euros, ampliables hasta 6 millones, con el objetivo de financiar «proyectos culturales con especial impacto social«. Sin embargo, lejos de apoyar la creación cultural libre, las ayudas están orientadas exclusivamente a iniciativas que encajen en el ideario político de Sumar.
Según la resolución publicada en el BOE, sólo se considerarán subvencionables los proyectos que promuevan cuestiones como la igualdad de género, los derechos de los colectivos LGTBIQ+, la diversidad lingüística, la accesibilidad universal o la diversidad generacional. Es decir, el dinero público no se destinará a la calidad técnica o artística, sino a proyectos que sirvan para reforzar la agenda ideológica del ministerio.
Una comisión a medida para repartir las ayudas
Las solicitudes serán evaluadas por una comisión de nueve miembros, de los cuales seis han sido designados a dedo por la directora general de Derechos Culturales y mano derecha de Urtasun, Jazmín Beirak. Beirak se encarga de vigilar que las iniciativas estén en sintonía con la llamada «democracia cultural«, un concepto central en la estrategia de Sumar.
El Ministerio deja claro que los proyectos deberán «usar la cultura como herramienta para generar transformaciones sociales», e insiste en que las ayudas deben servir para «incorporar la equidad como un elemento fundamental de las políticas culturales«. En definitiva, se busca financiar no la cultura, sino la militancia política disfrazada de cultura.
Más puntos por ideología que por calidad artística
El sistema de valoración confirma esta deriva: 40 de los 100 puntos posibles están reservados a criterios ideológicos directamente vinculados al programa de Sumar, como fomentar «la participación cultural de toda la ciudadanía», reforzar «la cohesión del tejido cultural» o aplicar «metodologías participativas e inclusivas».
Otros diez puntos se otorgan a proyectos que se desarrollen en comunidades autónomas «alejadas de los principales centros culturales». En total, la mitad de la puntuación se decide en base a aspectos ideológicos. Por el contrario, la calidad técnica o artística de los proyectos sólo puede alcanzar un máximo de 25 puntos. El resto se reparte entre criterios económicos y de mediación cultural.
Del total presupuestado, 2,5 millones se destinan a entidades sin ánimo de lucro y hasta 1,95 millones a entidades con ánimo de lucro, con un máximo de 100.000 euros por proyecto. Si el crédito inicial no basta, Cultura ya ha habilitado un mecanismo para ampliarlo en 1,55 millones adicionales.
Este movimiento llega tras más de un año de anuncios vacíos y una intensa campaña propagandística. Desde que se creó la Dirección General de Derechos Culturales —eliminando la de Industrias Culturales— el ministerio ha gastado casi 4 millones en publicidad: 3,4 millones para una campaña con el lema La cultura está en ti, está en todo (cuya creación costó 172.667 euros), y otros 300.000 euros para buscar un nuevo eslogan.
Beirak: la ideóloga de Urtasun
Beirak, que asumió el cargo en marzo del año pasado, se presentó como el ariete del ministerio contra la supuesta «censura de la ultraderecha» y se comprometió a transformar las instituciones culturales en facilitadoras de derechos. Su plan inicial era convertir esta visión en una ley, pero la falta de apoyos en el Congreso ha obligado a rebajar la ambición a un simple plan normativo.
Mientras algunas comunidades como Madrid ya han expresado su rechazo a estas imposiciones, desde Cultura se insiste en la necesidad de «consolidar la cultura como derecho fundamental», y Beirak incluso ha afirmado que España debe «aprender de los países latinoamericanos» en esta materia.
En definitiva, el Ministerio de Cultura ha decidido utilizar el dinero público para financiar activismo político, relegando a un segundo plano la calidad, el talento y la libertad creativa. Todo queda supeditado a los dogmas de Sumar.
