El grupo parlamentario de VOX ha registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo paralizar las ayudas que España destina a Palestina, así como auditar los fondos de cooperación enviados en los últimos años. Todo ello, según el texto de VOX, con el propósito de evitar que ese dinero pueda llegar a manos de la organización terrorista Hamás.
Según explica VOX, entre el año 2020 y el próximo 2024, la financiación europea a Palestina ascenderá a 1.117 millones de euros en ayudas a la cooperación, a lo que hay que añadir 25 millones de ayuda humanitaria, suponiendo en total unos 300 millones anuales. Y, por su parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo ha dado entre los años 2015 y 2019 más de 100 millones de euros, cifra que pretende ser igualada para los años 2020-2024.
VOX admite que esas ayudas han ido destinadas a garantizar el acceso a servicios esenciales como el agua o la sanidad, pero censura que también ha servido para pagar las retribuciones de los funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina y que, en su opinión, hay ONGs beneficiadas de estos fondos que están «relacionadas directa o indirectamente» con Hamás.
Los de Santiago Abascal, que esta semana ya presentaron una iniciativa para suspender la concesión de ‘papeles’ de residencia o nacionalidad a los inmigrantes de países islámicos, consideran que tras los atentados de Hamás del 7 de octubre en territorio israelí también es necesario replantarse esta financiación indiscriminada sin auditorías previas.
Con su proposición no de ley, Vox insta al Gobierno a «impulsar la paralización de todos los fondos españoles destinados a la cooperación al desarrollo de Palestina, en concreto de aquellos fondos dirigidos al área geográfica de la Franja de Gaza, bajo control de la organización terrorista Hamás, con el objetivo de impedir que sean destinados a financiar actos terroristas, en tanto no se realizan las verificaciones oportunas sobre el fin último de dichos fondos».
Además, exigen «una auditoría urgente del destino de los pagos realizados por parte de la administración española a las administraciones y ONGs que operan en Palestina con el fin de evitar que sean destinados a financiar actos terroristas».
