VOX ha presentado este miércoles una denuncia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de conocer que paralizó el caso Koldo antes de las elecciones generales de julio de 2023. La coordinadora Nacional Jurídica del partido, Marta Castro, le atribuye un delito de prevaricación, contemplado en el artículo 404 del Código Penal (CP), y omisión del deber de perseguir delitos, recogido en el artículo 408 del CP. Y pide la suspensión cautelar de sus funciones.
Argumenta Castro que el fiscal general tenía conocimiento del borrador de la querella, pues es el procedimiento que se realiza habitualmente. Además, arguye que Ortiz «sabía de la investigación que afectaba a varios ministros del Gobierno del PSOE, presidido por Pedro Sánchez, como varios miembros incluidos en las listas del PSOE, Francina Armengol, Angel Víctor Torres o José Luis Ábalos, sino también de las diligencias que se iban a practicar y que incluso se declararon secreto por su trascendencia».
A ello se suma que «la paralización de estas diligencias hasta septiembre no cabe duda alguna que pudo permitir que los implicados y personas que pudieran resultar implicadas en el asunto destruyeran pruebas y estuvieran sobre aviso de las investigaciones seguidas por la UCO». Y, al parecer, «se decidió frenar la investigación por la celebración de las elecciones, a pesar de que los investigados seguían con su actividad delictiva, manteniendo contactos y realizando los viajes que consideraban necesarios para el mantenimiento de su lucrativa actividad», destaca la formación que lidera Santiago Abascal.
«Dolosa dejación de las funciones»
En definitiva, VOX considera que el fiscal general del Estado evidenció una «dolosa dejación de las funciones». Y recuerda que, de acuerdo a su normativa, el Ministerio Fiscal debe ejercer sus funciones conforme los principios de legalidad e imparcialidad, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. Sin embargo, García Ortiz, al demorar la presentación de la querella ante el Juzgado, «obedece a la voluntad de favorecer al partido que resultaba afectado de esta investigación, el PSOE, y que en plenas elecciones, sin ninguna duda resultaría afectado negativamente».
Además de la suspensión cautelar de las funciones de Fiscal General del Estado, Castro pide específicamente la suspensión de sus funciones en cuanto al conocido como caso Koldo. Y ha solicitado se le tome declaración, al igual que al fiscal Luis Pastor Motta. Además, requiere a Fiscalía que se acuerde la entrega de los correos y escritos presentados, incluidos las comunicaciones realizadas a través de la Secretaría técnica desde la elevación del borrador de 28 de junio de 2023, hasta la aprobación del escrito definitivo con su validación y que fue remitido finalmente al Juzgado Central de instrucción número 2.
Por último, ha pedido que se acuerde iniciar expediente disciplinario interno correspondiente para averiguar el motivo del retraso en la presentación de la querella.
Esta denuncia se une a las acciones que el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso ha preparado tras conocerse el retraso intencionado en la tramitación del caso Koldo. En concreto, los diputados de la formación han exigido la comparecencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, del fiscal general del Estado y del fiscal jefe de la fiscalía especial contra la corrupción.
